El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro de aeronáuticos
ATE y ANAC acataron la medida, pero prometieron retomar la huelga, una vez terminado el período establecido.
ATE/ANAC levantó el paro de aeronáuticos que estaba previsto comenzaría hoy, miércoles 18 de marzo, luego de que el Gobierno dictara una conciliación obligatoria que tiene una validez de 15 días. La medida de fuerza estaba confirmada en 27 aeropuertos del país, por lo que su aplicación hubiese sido contundente.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que la conciliación fue dictada por las "consecuencias que iba a tener el paro" y protestó por la falta de cumplimiento del aumento de los adicionales acordados. "Agotamos todas las vías legales y administrativas que requiere la esencialidad de los servicios aeroportuarios", precisó.
Aguiar prometió que, si no hay acuerdo en los próximos días contemplados por la conciliación, ATE/ANAC volverá a la carga para implementar una nueva medida de fuerza. "Las profundizaremos", dijo.
Por su parte, el coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, explicó que la medida de fuerza fue una decisión que se tomó ante la "falta de propuestas sobre la quita de salario en enero y febrero". "No se pagaron los acuerdos que tuvimos con la Secretaría de Transporte anterior", precisó. Además, aseguró que no hubo respuestas a los reclamos y que, desde la entidad, tuvieron una postura "abierta al diálogo".
Qué es la conciliación obligatoria
La conciliación obligatoria es una herramienta jurídica y administrativa que utiliza el Estado para intervenir en un conflicto laboral que no se pudo resolver entre los trabajadores y las empresas. En este caso, la autoridad legal ordena una pausa de 15 días para retrotraer la situación: los trabajadores deben suspender cualquier medida de fuerza y volver a sus puestos, mientras que las empresas deben dar marcha atrás con cualquier medida sancionatoria.
Si no se cumple, puede haber consecuencias legales. En el caso de los sindicatos, puede haber multas económicas graves o incluso la suspensión de la personería legal. Las empresas, en cambio, pueden recibir sanciones financieras y se les obliga a reincorporar a los trabajadores si el conflicto fue por despido.