El Gobierno reúne pruebas para responder a la Justicia por el viaje de Adorni a Punta del Este
Buscan reconstruir cómo se financió el traslado y bajo qué condiciones se realizó. La causa avanza con nuevas medidas judiciales.
El Gobierno nacional avanza en la recopilación de documentación para responder a los requerimientos de la Justicia en el marco de la investigación por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este.
Desde el Ejecutivo aseguran que enviarán toda la información solicitada por el juzgado a cargo de Ariel Lijo, mientras se trabaja en reunir registros fílmicos, documentación administrativa y detalles vinculados al traslado del funcionario y su familia.
Entre los elementos en análisis figuran imágenes de cámaras de seguridad aeroportuarias, informes sobre movimientos de aeronaves, planes de vuelo y documentación solicitada a distintos organismos, con el objetivo de determinar quién financió el viaje y en qué condiciones se realizó.
En paralelo, la causa judicial sumó nuevas medidas. El magistrado ordenó levantar el secreto fiscal de personas y empresas vinculadas, además de solicitar información bancaria para seguir la trazabilidad del dinero utilizado. Según consta en el expediente, el vuelo de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, mientras que el regreso formó parte de un paquete más amplio.
También se requirieron informes a organismos estatales para establecer si existió algún tipo de autorización oficial, comisión de servicio o cobertura de gastos por parte del Estado.
Mientras tanto, puertas adentro del Gobierno conviven distintas posturas sobre el impacto del caso. Aunque Adorni continúa en su cargo, en sectores del oficialismo admiten que quedó "golpeado" por la situación y cuestionan el manejo inicial de la comunicación.
La investigación fue impulsada por legisladores de la oposición y podría unificarse con otras denuncias que apuntan a aspectos patrimoniales del funcionario.
En este contexto, el Ejecutivo sigue de cerca el avance de la causa y busca retomar la iniciativa política con el impulso de proyectos en el Congreso, mientras intenta contener el impacto del caso en la agenda pública.