La crisis de SanCor: la Justicia expuso un pasivo multimillonario y nuevos acreedores 

La crisis de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas sumó un nuevo capítulo en su proceso concursal, luego de que la Justicia estableciera un primer orden formal de sus deudas y acreedores. La medida marca un punto clave en la reestructuración de la histórica firma, que busca sostener su actividad en medio de un escenario financiero crítico.

La resolución fue dictada el 27 de marzo de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, en el marco del proceso de verificación de créditos previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

En total, el tribunal analizó 1519 solicitudes sobre un universo inicial de 2702 acreedores declarados por la empresa. Este paso permitió definir qué deudas son válidas, sus montos y el nivel de prioridad que tendrán en un eventual esquema de pagos, una instancia determinante para encarar futuras negociaciones.

Entre los principales acreedores se destaca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que quedó posicionada como la mayor acreedora individual. La Justicia reconoció a su favor más de $23.600 millones con privilegio general, además de otros $25.200 millones correspondientes a intereses y honorarios.

El mapa financiero también evidencia un peso significativo de fondos internacionales. Uno de ellos es BAF LATAM Trade Finance Fund B.V., al que se le admitió un crédito superior a los 51,8 millones de dólares, aunque sin privilegios especiales tras considerar que renunció a ejecutar garantías por fuera del proceso.

Una situación similar se registró con IIG Structured Trade Finance Fund Ltd., que obtuvo reconocimiento por más de 34,4 millones de dólares, también bajo la categoría de acreedor común, luego de que sus garantías no fueran consideradas válidas.

En contraste, el fideicomiso estatal Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) logró un trato diferencial: se le reconoció un crédito superior a los $2200 millones con privilegio especial, respaldado por activos clave de la compañía, como su marca principal.

En el plano laboral, el impacto en esta etapa fue acotado, dado que la mayoría de los trabajadores ya había sido incorporada al pasivo mediante el mecanismo de pronto pago. Sin embargo, se sumaron 16 nuevos reclamos que totalizan cerca de $396 millones.

A esto se agregan honorarios profesionales vinculados a gestiones sindicales, que superan los 3 millones de dólares, lo que incrementa la presión sobre las finanzas de la cooperativa.

En paralelo, el juzgado resolvió extender hasta el 30 de junio de 2026 las funciones de la coadministradora judicial, Lucila I. Prono, en función de la delicada situación económica de la empresa.

Según se desprende del expediente, la deuda generada con posterioridad al concurso supera los $6300 millones al 31 de enero y crece a un ritmo cercano a los $3000 millones mensuales.

Además, la Justicia intimó al Consejo de Administración a regularizar su situación institucional, con la presentación pendiente del balance 2025 y la convocatoria a asamblea ordinaria, bajo apercibimiento de desplazar a las autoridades.

Como medida para evitar un colapso operativo, se autorizó la apertura de una cuenta especial en el Nuevo Banco de Santa Fe, con carácter inembargable frente a reclamos posteriores al concurso. El objetivo es garantizar la continuidad de las operaciones sin interferencias judiciales que puedan paralizar la actividad.

Tras esta instancia, el proceso avanzará con la presentación del informe general por parte de la sindicatura, paso previo a la elaboración de una propuesta de acuerdo con los acreedores.

El desenlace del concurso será determinante no solo para el futuro de SanCor, sino también para toda la cadena láctea argentina, dada la relevancia histórica de la cooperativa en el sector y el impacto que su eventual quiebra podría generar en la producción y el empleo.