Diputados denunciaron al fiscal Taiano por el Caso Libra
Lo acusan por "demoras injustificadas en la producción de pruebas" y en la "retención y ocultamiento" de las mismas a la parte querellante.
Un grupo de diputados de la oposición que el año pasado lideraron la comisión investigadora del caso Libra denunciaron este miércoles penalmente al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, por "mal desempeño" y violación de deberes de funcionario público, acusándolo por "demoras injustificadas en la producción de pruebas" y en la "retención y ocultamiento" de las mismas a la parte querellante.
La acción penal fue presentada por los legisladores nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro miembros de la Coalición Cívica; Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria, y Esteban Paulón de Provincias Unidas.
Posibles delitos del fiscal
Para los legisladores nacionales que presentaron la denuncia penal, "la retención indebida de prueba relevante" y "su eventual ocultamiento a los querellantes resulta incompatible con el principio de objetividad consagrado en el artículo 9 de la Ley 27.148, el cual exige al Fiscal actuar en la búsqueda de verdad y no en función de criterios selectivos o discrecionales respecto de la prueba".
"Por su parte, la ausencia de medidas sustanciales tendientes a avanzar en la determinación de responsabilidades -reflejada en la falta de imputaciones, indagatorias otras decisiones procesales relevantes pese a la existencia de elementos incriminantes- configura una omisión en el ejercicio de la acción penal publica, en violación de lo dispuesto en el artículo 25 incisos a) y b) de la Ley 24.946, que obligan a los fiscales a promover la actuación de la justicia y ejercer la acción penal en defensa de la legalidad", sumaron.
En tanto, el redireccionamiento de la actividad investigativa hacia "cuestiones accesorias" como la indagación sobre la supuesta filtración de información y la citación de Volosin pone en manifiesto una "desviación del objeto de la investigación".
"Este tipo de actuaciones no solo resulta inconducente para el esclarecimiento de los hechos principales, sino que vulnera nuevamente el deber de objetividad previsto en el artículo 9 de la Ley 27.148", subrayaron.
"Finalmente, las restricciones reportadas en el acceso a la causa por parte de terceros interesados contribuyen a configurar un escenario de falta de transparencia, incompatible con el rol institucional del Ministerio Público como garante de legalidad y la negativa a colaboración interpoderes", agregaron.
Y concluyeron planteando que "todo ello configura un supuesto de mal desempeño funcional, tanto implica el incumplimiento grave de los deberes impuestos por el artículo 120 de la Constitución Nacional, la Ley 27.148 y la Ley 24.946, afectando de manera directa el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia".