Caso Loan: fiscales presionan para activar el juicio oral tras meses sin avances
A casi dos años de la desaparición del niño en Corrientes, el Ministerio Público Fiscal reclamó al tribunal que fije de manera urgente la fecha del debate y detalló quiénes son los principales acusados.
La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a cobrar impulso luego de que los fiscales federales solicitaran al Tribunal Oral Federal de Corrientes que establezca sin más demoras la fecha de inicio del juicio oral. El planteo se presentó este martes, en medio de la falta de avances desde la última audiencia preliminar realizada a fines de febrero.
El caso mantiene en vilo a la familia del niño, que sigue sin respuestas a casi dos años de su desaparición. Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes, durante un almuerzo familiar. Según la hipótesis de los investigadores, en ese contexto fue apartado por un grupo de adultos bajo una excusa y posteriormente sustraído.
En el expediente hay siete imputados considerados como los principales responsables: Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el excomisario Walter Maciel. Todos están acusados de haber participado en la sustracción, ocultamiento y posible traslado del menor, bajo la figura de desaparición forzada de persona. Además, se los señala por haber entorpecido la investigación mediante maniobras como la alteración de pruebas y la presentación de testimonios falsos.
La investigación también alcanza a un segundo grupo de acusados vinculados a la denominada Fundación Dupuy. En este caso, los implicados son Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Según la fiscalía, estas personas habrían llevado adelante acciones para obstaculizar la causa, incluyendo la retención de personas bajo supuestos fines de protección, la manipulación de declaraciones y la presentación de documentación para obtener fondos públicos de manera irregular.
En su presentación, los fiscales también solicitaron que el juicio cuente con un equipo ampliado de representantes del Ministerio Público Fiscal, junto a especialistas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Este pedido fue cuestionado por algunas defensas, que advirtieron un posible desequilibrio en el proceso.
Sin embargo, desde la fiscalía defendieron la medida al señalar la magnitud del expediente, que reúne dos causas acumuladas, más de 90 cuerpos y unas 900 páginas de prueba digital. También remarcaron que la legislación vigente no limita la cantidad de fiscales que pueden intervenir y que su actuación conjunta no vulnera garantías constitucionales.
En el escrito presentado ante el tribunal, el Ministerio Público Fiscal advirtió que la demora en el inicio del juicio prolonga la incertidumbre y afecta tanto a la familia del niño como a los imputados. "La familia sigue sin acceder a la justicia y el menor continúa desaparecido", remarcaron.
A la espera de una definición judicial, el inicio del juicio oral aparece como un paso clave para intentar esclarecer uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en el país.