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¿Cambio en las licencias por paternidad? Presentan un proyecto de ley para extenderlas a 30 días e incluir a monotributistas

El objetivo de la  iniciativa es avanzar hacia un sistema más justo e inclusivo que reconozca el cuidado como una función social compartida y garantice mejores condiciones para el desarrollo en la primera infancia.

Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentó en el Congreso un proyecto de ley para reformar el régimen de licencias por parentalidad en Argentina —basado en la ley de 1974— con el objetivo de ampliar derechos, promover la corresponsabilidad familiar y adaptar la normativa a los cambios sociales del mundo del trabajo.

La iniciativa, encabezada por la diputada nacional Vanesa Siley (Unión por la Patria), propone extender la licencia para progenitores no gestantes, incorporar a trabajadores independientes y crear un esquema de cuidado compartido desde el nacimiento o la adopción.

El cambio central del proyecto es la ampliación de la licencia por paternidad o para el progenitor no gestante a 30 días corridos, muy por encima de los dos días vigentes establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. La implementación sería gradual: durante los primeros dos años, la licencia sería de 20 días, como parte de una transición que, según el texto, apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema.

La iniciativa también crea una licencia parental compartida de 20 días que podrá ser distribuida libremente entre ambos progenitores durante el primer año de vida del bebé. El objetivo es fomentar una participación más equitativa en las tareas de cuidado desde el inicio.

En el caso de adopciones, el proyecto establece una licencia de 30 días corridos para las personas adoptantes, que comenzaría a regir desde la notificación judicial de la guarda. Además, contempla situaciones especiales —como nacimientos múltiples, prematuros o con complicaciones de salud— con una licencia adicional de cinco días.

Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de monotributistas y trabajadores autónomos al sistema de licencias parentales, un sector históricamente excluido de este tipo de beneficios. Para ellos, se prevén asignaciones durante el período de licencia equivalentes al salario mínimo vital y móvil, siempre que cumplan con requisitos como una antigüedad mínima de 18 meses y no registrar deudas con organismos de recaudación.

El proyecto también introduce un cambio en el financiamiento: mientras que en el régimen actual las licencias por paternidad son cubiertas por el empleador, la propuesta establece que todas las licencias parentales sean financiadas por el sistema de seguridad social. Según los fundamentos, esto busca evitar costos adicionales para las empresas y garantizar un acceso más equitativo.

Según el documento, el objetivo es abandonar el paradigma centrado exclusivamente en la protección de la maternidad para avanzar hacia un modelo basado en la corresponsabilidad parental. El texto sostiene que el esquema vigente resulta "insuficiente" y contribuye a reproducir desigualdades estructurales en el acceso y desarrollo laboral de las mujeres.

El proyecto, que cuenta con firmas de referentes de distintos espacios como Nicolás Massot (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Sergio Palazzo (Unión por la Patria), Kelly Olmos (Unión por la Patria), Mario Manrique (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Marina Salzmann (Unión por la Patria) busca alinearse con estándares internacionales en materia de políticas de cuidado.

La iniciativa prevé, además, mecanismos de seguimiento con informes periódicos al Congreso para evaluar su implementación. El objetivo de fondo, según se plantea en el texto, es avanzar hacia un sistema más justo e inclusivo que reconozca el cuidado como una función social compartida y garantice mejores condiciones para el desarrollo en la primera infancia.

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