Armaban motos que les llegaban desguazadas por encomiendas
La Justicia desbarató todo. Estableció que dos hermanos y un cuñado recibieron 14 bultos por encomiendas. Ayer condenó al trío.
La jueza de Control y Garantías Carolina Salas condenó a tres años de prisión en suspenso a dos hermanos y a un cuñado, al hallarlos responsables de integrar una banda, liderada por un porteño, de alzarse con varios millones, mediante el envío de motos desguazadas por encomienda y "ensambladas" en Weisburd, Moreno.
Todo se precipitó el 22 de abril del año pasado. Arrancó una investigación, tras la alerta sobre un negocio original. Un tal "Carlitos" residía en Buenos Aires y tenía parientes en Weisburd. El porteño habituaba enviar motos desarmadas en encomiendas, por colectivo. En Santiago, en la terminal de ómnibus, sus parientes ensamblaban las autopartes.
En menos de 20 días, la fiscal Celia Mussi "tumbó" el negocio. Apresó a los hermanos, Damián Armando (33) y Rodolfo René Reynoso (36) y al cuñado, Cristian Fernando Campos (30). Los delitos endilgados son "hurto agravado reiterado de vehículos dejados en la vía pública, falsificación o supresión de la numeración de un objeto registrado, asociación ilícita en concurso real de delitos en perjuicio de la fe pública y otros".
En mayo, el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón, dictó la prisión preventiva al trío santiagueño. Los voceros precisaron que los muchachos de Weisburd vendían las motos robadas en casi $ 800.000, pese a que su valor genuino oscilaba entre $ 5 millones y $ 6 millones. Es más, la investigación estableció que los santiagueños recibieron 14 bultos por encomiendas y aquí armaron y vendieron las motos.
En los allanamientos, los policías secuestraron motos con numeración de motor o cuadro, rebajados con maniobras delictivas, sin documentación, y otras con documentación y dominio apócrifos. Siempre sobre la base de la investigación, trascendió que el mentor del negocio era un tal "Carlitos", con residencia en Buenos Aires, todavía prófugo.
De acuedo con las pruebas contundentes obtenidas, la defensa, a cargo del abogado Roger Nicolás Paz, y la fiscal, Celia Mussi, acordaron un juicio abreviado. La condición vital es la declaración de culpabilidad. Así, la jueza Carolina Salas homologó ayer el acuerdo y los tres parientes acabaron con tres años en suspenso.