Uno por uno: los inmuebles y sociedades alcanzados por el fallo contra Cristina Kirchner
La Cámara de Casación dispuso avanzar sobre propiedades de la ex presidenta, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad para cubrir una suma que supera los $684 mil millones.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con la ejecución de bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados en el marco de la Causa Vialidad. El objetivo es recuperar $684.990.350.139,86, monto actualizado tras peritajes oficiales.
El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se basa en una sentencia firme que originalmente había fijado un decomiso de $84.835.227.378,04, cifra que luego fue ajustada por especialistas de la Corte Suprema ante el impacto de la inflación.
La medida alcanza a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, así como a otros condenados en la causa. Entre ellos, también figuran exfuncionarios como José López y Nelson Periotti, cuyos bienes podrían ser ejecutados si no se cubre el total exigido.
El listado incluye activos pertenecientes a empresas clave en la investigación, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto, todas vinculadas a la adjudicación de obra pública bajo sospecha.
A su vez, aparecen sociedades ligadas al patrimonio familiar, como Los Sauces, creada para la administración de alquileres y bienes, que también quedó bajo la lupa judicial.
En cuanto a los inmuebles, la resolución abarca propiedades en Río Gallegos y en la zona de El Calafate. Entre ellas se destacan:
-Un terreno de más de 6.000 m² en el departamento Lago Argentino
-Diez unidades ubicadas sobre la calle Mitre al 500 en Río Gallegos
-Inmuebles en 25 de Mayo al 200 y en la avenida Presidente Néstor Kirchner al 400
-Amplios terrenos en cercanías de El Calafate, algunos superiores a 40.000 y hasta 87.000 m²
Dentro de estos activos, también se incluye el predio donde se desarrolló el Hotel Los Sauces, un complejo hotelero de relevancia que forma parte de otras investigaciones judiciales.
El crecimiento patrimonial de la familia fue otro de los ejes analizados. En 2003, el patrimonio declarado rondaba los $7 millones, mientras que en 2007 ya superaba los $25,5 millones. Para 2008, los activos ascendían a $47,3 millones, y hacia el final del mandato presidencial en 2015, alcanzaban aproximadamente $72,2 millones.
En 2016, la ex mandataria realizó una cesión de bienes a sus hijos que incluyó el 50% de sus propiedades, más de $40 millones en depósitos y acciones en sociedades familiares, en una operación total cercana a los $74 millones.
La resolución judicial ordena avanzar sobre todos estos activos para cumplir con el decomiso, en un proceso que podría ampliarse si los bienes inicialmente afectados no alcanzan a cubrir la cifra establecida. Se trata de una de las decisiones patrimoniales más significativas derivadas de causas por corrupción en la historia reciente del país.