La Casa Rosada reconoce falta de apoyo para modificar la ley de universidades
Desde el oficialismo admiten que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso y que el margen de negociación con universidades y bloques aliados se redujo en las últimas semanas.
El Gobierno nacional enfrenta obstáculos para avanzar con una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario y, según admiten fuentes oficiales, hoy no cuenta con el respaldo legislativo necesario para impulsar cambios en el Congreso.
En la Casa Rosada sostienen que el tema sigue siendo prioritario por su impacto en las cuentas públicas, pero reconocen que las condiciones políticas actuales dificultan la construcción de acuerdos tanto con sectores aliados como con el sistema universitario.
La norma, sancionada en 2025, quedó en el centro de la disputa luego de que el Ejecutivo planteara la necesidad de redefinir sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, el escenario cambió en los últimos meses, especialmente tras un fallo judicial que favoreció a las universidades y obligó a avanzar en aspectos vinculados a salarios y becas.
A partir de esa resolución, el Gobierno presentó un recurso para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que abrió un nuevo capítulo en el conflicto. En paralelo, dentro del oficialismo reconocen que ese revés judicial fortaleció la posición de las universidades y redujo los incentivos para negociar modificaciones de la ley.
En el plano político, también quedaron expuestas diferencias internas en la estrategia parlamentaria. Durante el verano, se había esbozado un principio de acuerdo para avanzar con una reforma antes del inicio del ciclo lectivo, pero esa posibilidad quedó descartada ante la falta de consensos.
Por otro lado, el Gobierno descartó retomar el proyecto que había sido enviado al Congreso durante las sesiones extraordinarias, al considerar que perdió vigencia en el nuevo contexto.
Mientras tanto, el conflicto universitario vuelve a ganar presencia en la agenda pública. Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y autoridades académicas convocaron a una nueva movilización para las próximas semanas, en reclamo del cumplimiento pleno de la ley y de mejoras en la situación salarial.
En este escenario, el Ejecutivo busca cumplir con las obligaciones mínimas establecidas por la normativa, mediante actualizaciones parciales de partidas, aunque insiste en que es necesario rediscutir el esquema general de financiamiento.
Con un frente judicial abierto, tensiones políticas internas y presión creciente desde el ámbito universitario, el debate por el financiamiento de las universidades públicas se mantiene como uno de los principales desafíos en la agenda del Gobierno.