Argentina y YPF rechazan en EE.UU. el uso de pruebas en un eventual arbitraje internacional
La defensa del Estado y la petrolera pidió a la jueza Loretta Preska que impida a los fondos demandantes reutilizar información del juicio en un posible proceso ante el CIADI.
El Gobierno argentino y la petrolera YPF se presentaron ante la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, para rechazar el intento de los fondos demandantes de utilizar información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos en un eventual arbitraje internacional.
La defensa, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, sostuvo que la documentación reunida en la etapa de discovery está protegida por un acuerdo vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en territorio estadounidense. Según remarcaron, ese entendimiento fue homologado por el tribunal hace casi seis años y cuenta además con el respaldo de un fallo de cámara favorable a la Argentina.
En el escrito presentado, los abogados fueron categóricos: "La orden prohíbe expresamente la extraordinaria medida que los demandantes buscan". En ese sentido, subrayaron que el material solo puede ser utilizado para la tramitación o defensa de ese caso específico, y no en otros procesos legales, ya sean presentes o futuros.
El planteo apunta directamente contra la estrategia de los fondos Petersen y Eton Park —financiados por Burford Capital—, que buscan reutilizar esa evidencia en un eventual reclamo ante el CIADI. Desde la defensa argentina sostienen que esa intención implica, en los hechos, modificar las reglas acordadas entre las partes.
Además, el Gobierno cuestionó la oportunidad del pedido. Argumentó que el planteo resulta prematuro, ya que los demandantes aún no iniciaron formalmente el arbitraje ante el CIADI, por lo que no corresponde habilitar el uso de información en un proceso que todavía no existe.
El trasfondo de la disputa se vincula con la ofensiva judicial de los fondos tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Frente a ese revés, los demandantes buscan abrir nuevos frentes, tanto en la Justicia estadounidense como en tribunales arbitrales internacionales.
En ese escenario, el CIADI aparece como una instancia clave. Se trata de un organismo del Banco Mundial que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros, aunque sus fallos requieren luego ser reconocidos por tribunales nacionales para su ejecución.
Con este movimiento, la Argentina busca cerrar el paso a una posible expansión del litigio y preservar la confidencialidad de la información obtenida en el proceso, en un caso que sigue siendo uno de los más sensibles en materia de disputas internacionales para el país, detalla el portal de Todo Noticias.