Caso ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar
También llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado, se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, de acuerdo con lo que habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Durante la mañana, trascendió que el exdirector del organismo no realizará ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia y la presente investigación.
También llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.
De acuerdo a lo expuesto por el juez Ariel Lijo, y en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, la organización "habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero" para sus integrantes "de manera ilegal" y "en detrimento del erario público".
"Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado", sostuvo el magistrado.
La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura en las que también, estaría vinculada la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.
Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa ANDIS por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.