Aerolíneas Argentinas: un fondo pide el embargo de activos argentinos por más de USD 390 millones
Titan Consortium impulsa la ejecución de bienes del Estado argentino en Estados Unidos para cobrar un laudo del Ciadi por la estatización de la aerolínea de bandera en 2008.
El fondo que tiene una sentencia contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas busca embargar activos del país para cobrar el fallo por US$390,9 millones que el país no pagó.
Titan Consortium tiene un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) a favor en ese caso y consiguió que una corte del distrito de Columbia reconociera esa sentencia, ya que los arbitrajes del tribunal que depende del Banco Mundial no son ejecutables, pero sirven de antecedente para recurrir a la justicia ordinaria.
De acuerdo con Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, el aspecto más relevante de la estrategia de Titan es su intención de buscar prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady que el país mantiene depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta maniobra se daría incluso tras el acuerdo alcanzado recientemente por Argentina con los fondos Attestor y Bainbridge, que también poseen laudos pendientes y negoriaron el pago con el Estado argentino. Maril remarcó que "Titan buscaría establecer prioridad sobre el colateral de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aun después del reciente acuerdo de Argentina con Attestor y Bainbridge".
La controversia por la expropiación de Aerolíneas Argentinas se originó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó la compañía, en ese momento en manos del grupo español Marsans. El proceso derivó en una serie de disputas legales internacionales, que incluyeron demandas ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El laudo de USD 390,9 millones a favor de Titan Consortium es uno de los fallos más onerosos que enfrenta Argentina en el exterior y ha intensificado la presión sobre los activos soberanos en jurisdicción estadounidense.
La estatización de la aerolínea, dispuesta en 2008, se produjo mientras la gestión de la compañía y de Austral estaba en manos del grupo español Marsans. Tras perder el control de la firma de bandera, la extinta compañía española recurrió al Ciadi, que en 2017 estableció que Argentina debía afrontar una compensación de USD 320 millones por la expropiación más intereses.
Posteriormente, Marsans cedió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Dos años después, Burford transfirió esos derechos a Titan Consortium, la firma que inició la validación del laudo arbitral ante la justicia del Distrito de Columbia, jurisdicción que incluye a Washington.