Crece en la Iglesia el temor a que el Gobierno quiera erradicar las villas en todo el país

Los intentos en el país de erradicar las villas como sea tuvieron en las últimas décadas dos resonantes capítulos en la Ciudad de Buenos Aires. El peor de todos -que terminó siendo mucho más que un intento- fue el que llevó adelante durante la última dictadura el intendente Osvaldo Cacciatore. El hecho de haber arrasado a miles de casillas en diversos asentamientos -generado la expulsión de 180 mil personas que se trasladaron principalmente al Gran Buenos Aires- le valió el mote de "Topadora".

El masivo desplazamiento al conurbano generó un crecimiento explosivo de los asentamientos en los partidos, especialmente en La Matanza, sin la más mínima infraestructura. La ofensiva comenzó en 1977 con el propósito de "maquillar" la Ciudad ante la realización al año siguiente del Campeonato Mundial de Fútbol. Pero continuó hasta 1980. Por caso en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores se calcula que fueron destruidas 5600 casillas y sólo 30 quedaron en pie.

Fue precisamente en esta villa donde la Iglesia católica -a través de un conspicuo miembro del famoso Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, el sacerdote Rodolfo Riccardelli, párroco de la iglesia del barrio María Madre del Pueblo-, encabezó la principal resistencia. Los más veteranos lo recuerdan al frente de un grupo de vecinos interponiéndose a las topadoras. Con la vuelta de la democracia, impulsaría la reconstrucción del barrio.

Durante el primer gobierno de Carlos Menem otro intendente -el último no elegido por los porteños-, Jorge Domínguez, en la primera mitad de los '90, también se ganaría el apodo de "Topadora", aunque su plan era menos violento y no tuvo, ni de cerca, el resultado del que llevó adelante Cacciatore. Estaba ceñido a la villa 31 de Retiro a partir de la construcción de la autopista Illia y el consiguiente desalojo de todos los habitantes del barrio.

La ordenanza respectiva establecía el pago de indemnizaciones y el compromiso de construcción de viviendas. Pero no tardaron en irrumpir los integrantes del Equipo de Sacerdotes de Villas de Emergencias denunciando que -si bien no se oponían a la construcción de la autopista- las casas prometidas no existían y el Gobierno estaba actuando con violencia expulsando a los habitantes y derribando las casillas.

En protesta, ocho sacerdotes iniciaron una huelga de hambre en pleno enero. Con el paso de los días tuvieron un acompañamiento inesperado: el del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarracino, de muy buena relación con Menem. Y también de uno de sus obispos auxiliares que luego sería mundialmente famoso: Jorge Bergoglio. Al final, la autopista se hizo y sólo fue desocupada su traza.

Actualmente, en la Iglesia católica -pero también en ONG como Techo- observan un nuevo intento en ciernes para erradicar las villas, pero de alcance nacional. Es debido al reciente ingreso al Congreso de un proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" que tiene como mentor al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El proyecto elimina la suspensión de los desalojos en todos los casos, acelera la restitución de viviendas y terrenos, estableciendo un juicio sumarísimo que permite expulsar rápidamente a quienes no paguen el alquiler, vivan en una casa tomada u ocupen un terreno. Lo cual modifica el "Régimen de regularización dominical para la integración socio urbana" vigente.

Ese régimen fue creado por la ley 27.453, aprobada por unanimidad en 2018 y con cambios votados casi por unanimidad en 2022, que declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para avanzar en la instalación de servicios básicos como cloacas y red eléctrica y la concesión de títulos de propiedad a familias vulnerables.

La ley estuvo precedida por un relevamiento de los barrios populares en todo el país que arrojó un total de 6467 con más de cinco millones de habitantes y la creación de un Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En la Iglesia destacan que la gran mayoría se conformaron hace más de 20 años y son consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y la vivienda.

"No estamos aquí en presencia de una usurpación actual manejada por una mafia, ni ante el riesgo de que a un particular le vayan a ocupar la casa o un terreno, sino de una realidad extendida de larga data que incluso abarca a tierras fiscales y constituye un problema social de magnitud cuyo modo de afrontarlo generó un extraordinario consenso", dicen en la Iglesia.

Un dossier interno consigna que la ley "revirtió situaciones históricas de marginación habitacional y generó resultados concretos a nivel país: 868.991 certificados de vivienda familiar -13.038 entregados en el actual gobierno-. Además, dio paso a obras de integración socio urbana en las 23 provincias y CABA a través de la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)".

Advierte que "la eliminación de la suspensión de desalojos rompe las condiciones mínimas de estabilidad necesarias para cualquier proceso de regularización dominical" y enfatiza que, en cambio, "la existencia de la norma actual garantiza condiciones mínimas de estabilidad en la tenencia y evita desplazamientos masivos de familias".

El proyecto parece completar una política del actual gobierno en perjuicio de los barrios populares que comenzó con la parálisis de las obras que abarcaron más de 1200 proyectos, servicios en 24 mil lotes y 250 mil mejoras habitacionales, y el consiguiente desmantelamiento de la subsecretaría de Integración Socio Urbana, producto de la ley.

Las obras eran financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), producto de un porcentaje del impuesto PAIS -aún queda parte del dinero- que no fue reemplazado por otro impuesto cuando ese fue eliminado por el gobierno, ni puestas en el presupuesto nacional, abandonando el Estado esa transformación social.

El gobierno argumentó que en la presidencia de Alberto Fernández, cuando el área estaba a cargo de Fernanda Miño, muy cercana a Juan Grabois, se hacía un uso político de las obras, que además, eran fuente de corrupción. En la Iglesia dicen que el Estado tiene la obligación de investigar, pero no debe clausurar una buena iniciativa.

Mencionan, incluso, que el FISU venía siendo auditado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Sindicatura General de la Nación y la UCA. A la vez que recuerdan que Sebastián Pareja -de máxima confianza de Karina Milei-, que fue inicialmente el sucesor de Miño, admitió que se estaba haciendo un buen trabajo.

Al exponer días pasados en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, el presidente de Cáritas Argentina, que es el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, dijo que la ley actual "no va contra la propiedad privada, sino a favor de que todos tengan su casa".

Tras preguntarse "dónde vamos a poner a cinco millones de personas, más de la mitad menores, si son desalojados", subrayó que "el Estado tiene la obligación de cuidar a los más débiles", pero también puede darles la posibilidad de que sean protagonistas de su desarrollo participando del proceso.

Está claro que algo que emergió como una política de Estado traspasando gobiernos de diverso signo en algo tan fundamental como el combate a la pobreza y posibilitando condiciones dignas de vida, se encamina a desaparecer.

¿Volverán las topadoras?