Salvaje balacera contra policías en millonaria disputa por un campo sojero, en La Pradera 25
Los desconocidos abrieron fuego, a 40 km de Añatuya. Antes, dos hermanos quedaron presos. Todo era desconcierto al cierre. JUAN FELIPE IBARRA Habría individuos varados en el monte y una 4x4 blanca que acaba de delatarlos
Un campo con 1.000 hectáreas y una cosecha de soja lista para ser "recogida", obraban anoche en un literal polvorín económico, tanto que este fin de semana desconocidos atacaron a tiros a varios policías, quienes habrían terciado después de que las partes en pugna fuesen desalojadas.
Pese al hermetismo del proceso, trascendió que el epicentro es un campo ubicado en el paraje La Pradera 25, en el departamento Juan Felipe Ibarra, en el límite con el departamento General Taboada, a 40 kilómetros de la ciudad de Añatuya, distante 220 de la Capital.
Allí, hoy subyace un litigio que enfrenta a dos grupos empresarios con jurisdicción de la Fiscalía de Añatuya. Al parecer, se disputan la propiedad del predio litigando en el fuero civil.
Árbitro forzoso
Sin que ninguna ceda en nada, la Justicia local habría desalojado a las dos partes y ordenado una consigna con personal de seguridad policial, dado la dura tirantez emergente y por la cual habrían sido "demorados" dos hermanos de apellido González Díaz.
Este fin de semana, mientras los funcionarios cubrían el perímetro de entrada, habría arribado una 4x4 Ford Ranger. Desde adentro, al menos dos individuos han sido divisados al extraer una escopeta y abrir fuego contra los uniformados.
Los testigos confiaron que los proyectiles hicieron blanco en una casa y en una garita, con los efectivos cuerpo a tierra. En segundos, el conductor aceleró y desapareció en la oscuridad.
"Triángulo de las Bermudas"
La primera reacción fue que las actuaciones fueran informadas a la Fiscalía local. Sin embargo, luego los funcionarios cedieron jurisdicción a la Capital, al fiscal, Nicolás Heredia.
El fiscal trabajaba anoche con los comisarios y expertos. En principio, habría sido identificada al menos la patente de la 4x4. A la vez, urgente los expertos de la División Criminalística secuestraron proyectiles en la tierra, cuyo análisis ya fue requerido a los peritos especialistas.
En principio, la Justicia posó su atención sobre las dos partes enfrentadas, muy en especial la que tendría más para perder, a escasas semanas de que la cosecha de soja sea materializada, dilema que hoy desvela a la Justicia, ya que no reconocería propiedad a ninguno de los dos actores.
Hipótesis dominante
Siempre con base en el proceso post balacera, trascendió que el fiscal Heredia tendría sospechas sobre varios individuos y que la policía baraja una hipótesis fuerte: la contratación de un grupo armado, cuyos integrantes no lograron abandonar el departamento y al cierre permanecía oculto en una zona montuosa.
Esa teoría motivaba a los policías, listos para dar el gran zarpazo, expectantes de luz verde a allanamientos y operativos en la región. En pos de un desenlace positivo, los fiscales de las jurisdicciones intercambiaban información y los sicarios nocturnos no lucían tan anónimos, mucho menos enigmáticos, deslizó un oficial al cierre de esta edición.
$ 450.000 por 1 tonelada de soja y el tiempo apura hasta a la Ley
La calculadora manda. Una tonelada de soja representa una ganancia de $ 450.000. En la práctica, por hectárea, un agricultor puede obtener entre 3 y 4 toneladas de soja. Y aquí los expertos señalaron que las partes batallan mínimo por 1.000 hectárea.
Los expertos adelantaron anoche que si la Justicia de Añatuya no cedía ante ninguna de las partes, el plan B para ambas era la presentación de una medida cautelar, tendiente en reclamar permiso para el levantamiento de la cosecha, ya que el tiempo no distingue entre litigios o tiempos legales.
Este instrumento ya fue ensayado con antelación, pero nadie descarta que la Justicia no conceda el cometido a ninguna de las partes: por el contrario, que ella disponga el levantamiento de la cosecha y quede en algún silo, a la espera de una definición judicial.
Ello, con alguien convertido o designado en depositario judicial de la cosecha. Un depositario judicial es la persona natural o jurídica designada por un juez para custodiar, conservar y administrar bienes muebles o inmuebles que han sido embargados, secuestrados o son objeto de un litigio. Actúa como auxiliar de la justicia, asegurando que los bienes no se pierdan ni deterioren hasta que se decida su destino final.