Revés judicial: cuatro meses de prisión a matrimonio umbanda implicado en una causa por abuso sexual y pornografía infantil
Bº JUAN DÍAZ DE SOLÍS Se encuentran detenidos desde el 21 de abril, cuando el Departamento Trata de Personas allanó su vivienda
La Justicia de Control y Garantías ordenó la prisión preventiva, por el término de cuatro meses, para la pareja umbanda del barrio Juan Díaz de Solís que fue detenida en el marco de una causa por abuso sexual en perjuicio de dos menores y pornografía infantil, que tiene a su hijo adolescente como principal imputado.
La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual —representada por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera— solicitó a través de una audiencia que el matrimonio, detenido el pasado 21 de abril, permanece tras las rejas.
Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal manifestó que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y aún resta conocer el resultado de pericias claves como por ejemplo en análisis de los teléfonos celulares de los acusados. Pidiendo así que permanezcan tras las rejas por el término de dos años.
La defensa de los acusados —a cargo del Dr. Ricardo Luna— pidió la excarcelación de los acusados entendiendo que no existen peligros procesales y expresando además su compromiso para que sus clientes cambiaran de domicilio.
Vale recordar que según la investigación, las niñas residían en la vivienda colindante a la casa de los imputados y que cuando éstas —en compañía de sus padres— ingresaban a la casa del Juan Díaz de Solís para participar de supuestas celebraciones umbandas, el hijo de la pareja las sometía sexualmente y grababa tal contenido.
Finalmente la jueza Erika Casagrande ordenó que los dos imputados —acusados de partícipes primarios en la tenencia de pornografía infantil y abusos que su hijo cometía— hizo lugar al pedido del Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva por el término de cuatro meses.
La dramática trama salió a la luz luego de que el adolescente filmara los abusos e intentara comercializarlos o difundirlos en la denominada "red oscura" (Deep Web). Esta acción encendió de inmediato las alarmas de organismos internacionales especializados en ciberdelito, quienes enviaron un reporte de urgencia a las autoridades locales.
Tras casi un año de complejas tareas de investigación y seguimiento, el personal del Departamento de Trata de Persona y Delitos Conexos, en coordinación con la Fiscalía, logró desbaratar la maniobra y poner fin al calvario que vivían las dos víctimas.