Imputan a excomisionado por una millonaria "defraudación agravada" con viviendas sociales
Lo acusan de desviar más de $ 100 M. El denunciante afirmó que son 10 casas "no construidas, valuadas cada una en más de $ 10 M". Las víctimas, todas humildes. FIN DE GESTIÓN Mario Vicente Vizgarra cesó en la función en diciembre del año 2025
Cinco meses después de cesar en su gestión, el excomisionado y docente de Los Pirpintos, Copo, Mario Vicente Vizgarra, fue imputado por el fiscal, Mauricio Abramczuk, atribuyéndole cargos por presunta "defraudación agravada" en concepto de una decena de viviendas sociales (fantasmas) no construidas, pese a habérsele girado los fondos.
Para los expertos y con las cifras actualizadas, los demandantes estimaron que el supuesto "afer" supera los $ 100 M.
El exfuncionario habría sido conducido ayer a esta capital por efectivos de la comisaría Nº 43 de Pampa de los Guanacos, departamento Copo. Antes de las 11 de la mañana, habría sido indagado, representado por la abogada Melisa Slamich.
Por consejo de la defensa, dado a lo voluminoso de las actuaciones, Vizgarra se habría abstenido de declarar, pero su entorno deslizó que ampliará la indagatoria próximamente.
La "historia"
La primera denuncia fue elevada en diciembre de 2025. El abogado, Lucas Cabañas refrendó un mix de cargos: "Desvío de fondos, desapoderamiento de fondos públicos, transferencias a familiares directos de Vizgarra, provenientes de dineros del Estado provincial, subsidios para obras y partidas públicas con cargos de rendición".
En abril pasado, la abogada, Melisa Slamich, pidió eximición de prisión para el excomisionado. La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas (foto), dio luz verde al recurso. En tal sentido, Salas concedió la eximición, pero fijó la prohibición de acercamiento a cuatro testigos y la obligación de que Vizgarra se presente ante la Fiscalía cada vez que sea citado.
Avanzada fiscal
Ahora, el fiscal Abramczuk (foto) imputó al docente por presunta "defraudación agravada". El abogado precisó que los damnificados serían "Olga Beatriz Gallo, Raúl Eduardo Godoy, Julia Griselda Soria, Daniel Alejandro Serrano, Débora Johana Bravo, Paula Francisca Rodríguez, Johana Maité Vizgarra, Teresita Chávez, Agustina Carla Gómez y Gladys Verónica Toloza".
Siempre de acuerdo con la causa, los citados figurarían en la documentación del Ministerio de Desarrollo Social como adjudicatarios de una vivienda, cuyo valor actualizado ascendería a $ 10.500.000, es decir un global superior a los $ 100 M.
Las víctimas, humildes
Cabañas amplió que entre las familias damnificadas están constituidas por personas pobres, algunas discapacitadas, un jefe de familia postrado resultado de ACV, y de muy bajos recursos.
En efecto, el proceso subrayaría uno de los denunciantes sería Darío Marcos Corbalán. Habría informado que es sobrino de Eduardo Raúl Godoy, quien sufrió años atrás un ACV isquémico.
En su extensa presentación, Corbalán reveló que le fue informado que su tío "aparece en la documentación como adjudicatario de una vivienda. No solo eso, sino que recibió el inmueble y estampó su firma en el acta de entrega, acto público mediante.
"Mi tío no puede mover su cuerpo, menos el brazo, ni las manos. Lo único que alcanzamos a lograr es recurrir a sus dedos y a una huella digital. Pero es imposible que saliera de casa para un acto, menos haber firmado papel alguno", enfatizó el denunciante.
Campo con cabritas del Estado y "desvío de fondos" a cuentas de familiares
El abogado Lucas Cabañas responsabilizó también a Vizgarra de ser propietario de un campo, con varias docenas de cabras, una bomba de agua y equipamiento de energía. Todo, fue aportado por el Estado provincial, pero el acusado debió haberlo usado para beneficio de la comunidad. Habrían sido elevados a la Justicia, videos, en tal sentido.
La presentación atribuye a Vizgarra "la existencia de una estructura organizada de desvío de fondos públicos", también "un mecanismo sistemático de desapoderamiento de los fondos públicos, canalizados hacia cuentas privadas…".
Asimismo subrayó la "fragmentación de fondos, reiteración, dispersión y uso de múltiples cuentas"; "malversación agravada, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
Una docena de exfuncionarios con las mismas falencias y reproches legales
Los voceros señalaron anoche que habría una docena de otros excomisionados también denunciados. Los reproches tendrían casi las mismas características. Recibir fondos por parte del Estado, pero sin haber edificado las viviendas sociales.
Los funcionarios deslizaron a esta redacción que obrarían oficios del Ministerio de Desarrollo, puntualizando los montos asignados, cobrados e informes respectivos sobre el teórico inicio de obras.
Sin embargo, tras el recambio de autoridades, los flamantes comisionados habrían advertido la falencia y refrendado de inmediato las correspondientes denuncias.
A la ausencia de viviendas ya pagadas, se le adosarían delitos conexos por el libramiento desmesurado de cheques, sin fundamento aparente, enfatizaron los investigadores.