El Gobierno sigue de cerca la crisis en Bolivia y analiza reforzar la seguridad en la frontera norte
La Casa Rosada monitorea el agravamiento del conflicto político y social en el país vecino y no descarta incrementar los controles fronterizos. La preocupación oficial pasa por posibles movimientos migratorios y el avance del crimen organizado.
El Gobierno nacional sigue con atención la crisis política y social que atraviesa Bolivia y analiza posibles medidas preventivas ante un eventual agravamiento del conflicto. En la Casa Rosada reconocen que la situación "está bajo evaluación" y no descartan reforzar la seguridad en la frontera norte si la tensión comienza a impactar en territorio argentino.
Por el momento, desde el Ejecutivo aclararon que no está previsto reactivar el denominado "Plan Roca", el esquema de despliegue militar destinado a tareas de vigilancia en zonas fronterizas. Sin embargo, admiten que el escenario genera preocupación y que el seguimiento de los acontecimientos se intensificó en las últimas horas.
La principal inquietud oficial se concentra en dos aspectos: un posible aumento de movimientos migratorios y el riesgo de que crezca la actividad del crimen organizado en la región. Aunque todavía no hay decisiones concretas, en Nación aseguran que todas las alternativas permanecen abiertas según evolucione la situación.
Bolivia atraviesa días de fuerte conflictividad, con protestas, bloqueos y problemas de abastecimiento en distintas ciudades. La Central Obrera Boliviana volvió a movilizarse contra el presidente Rodrigo Paz, mientras persisten las dificultades para conseguir combustible, alimentos y oxígeno medicinal en hospitales. A este escenario se sumó además la renuncia del ministro de Trabajo, Edgar Morales.
La Argentina ya tuvo participación indirecta en medio del conflicto. El canciller Pablo Quirno rechazó las acusaciones realizadas por Evo Morales sobre un supuesto envío de asistencia militar argentina al gobierno boliviano. Según explicó el funcionario, los vuelos enviados tuvieron únicamente fines humanitarios y estuvieron destinados al traslado de alimentos y provisiones para enfrentar los efectos de los bloqueos.
En el Gobierno remarcan que esa ayuda no implica una intervención operativa en la crisis interna boliviana y sostienen que la postura oficial es de respaldo institucional al gobierno de Paz, evitando una participación directa en el conflicto.
Mientras tanto, la atención de las autoridades argentinas permanece centrada en los pasos fronterizos, la circulación de personas y mercaderías y la posibilidad de que la crisis derive en mayores necesidades de control y asistencia en provincias del norte del país.
La definición sobre un eventual refuerzo en la frontera quedará en manos del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva. Desde el área recuerdan que ya existen antecedentes de operativos especiales en la región, aunque insisten en que cualquier medida dependerá del nivel de riesgo y de cómo evolucione la conflictividad en Bolivia.
Por ahora, la instrucción oficial es mantener el monitoreo permanente, coordinar acciones entre las distintas áreas involucradas y evitar decisiones apresuradas mientras se sigue minuto a minuto el desarrollo de la crisis en el país vecino.