Procesaron al dueño de una clínica de fertilidad por trata de personas
La Justicia federal investiga una supuesta red que captaba mujeres en situación vulnerable para realizar gestaciones por sustitución a cambio de dinero. También fueron procesados un abogado y una empleada administrativa.
La Justicia Federal avanzó en una causa de alto impacto vinculada a tratamientos de fertilidad y dictó el procesamiento del director de una clínica de reproducción asistida de Córdoba por presunta trata de personas con fines de explotación reproductiva.
El acusado es José Pérez Alzaa, responsable de la clínica Fecundart. Según la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal, el médico habría participado en una estructura destinada a captar mujeres con graves necesidades económicas para ofrecerles contratos de gestación por sustitución a cambio de dinero.
En la misma resolución judicial también fueron procesados una empleada administrativa de la clínica y un abogado señalado como pieza clave dentro del supuesto esquema.
De acuerdo con la investigación, las mujeres eran contactadas inicialmente a través de registros de donantes de óvulos de la propia clínica. Tras participar de esos procedimientos y recibir compensaciones económicas menores, algunas eran convocadas nuevamente para convertirse en gestantes mediante acuerdos que rondaban los 10 mil dólares.
La causa sostiene que los imputados conocían la situación de vulnerabilidad de las mujeres involucradas y aun así promovían los tratamientos. La Justicia también detectó casos en los que se habrían realizado transferencias embrionarias sin autorización judicial previa.
Uno de los episodios que más preocupa a los investigadores involucra a una mujer que habría sido propuesta nuevamente como gestante apenas 45 días después de haber dado a luz. Para la fiscalía, esa situación implicó una exposición extrema a riesgos médicos.
Además, la investigación señala que el abogado procesado coordinaba el vínculo entre las mujeres y las personas interesadas en acceder a la gestación por sustitución. Según el expediente, daba instrucciones específicas para que las gestantes simularan vínculos de amistad con los futuros padres durante las audiencias judiciales.
En los peritajes realizados sobre su teléfono celular, los investigadores encontraron mensajes donde supuestamente indicaba qué respuestas debían memorizar las mujeres y sugería limitar la información brindada ante la Justicia.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes dispuso además un embargo superior a los mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados para garantizar eventuales reparaciones a las víctimas.
En el fallo, el magistrado remarcó que la gestación por sustitución no constituye un delito cuando existe consentimiento libre y fines solidarios, pero advirtió que cambia radicalmente cuando interviene una lógica comercial basada en el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
La causa también incluyó a otras personas y establecimientos vinculados al rubro de fertilización asistida. Sin embargo, el juez decidió sobreseer al responsable de otra clínica investigada al considerar que allí se cumplían controles judiciales y evaluaciones interdisciplinarias previas a cada tratamiento.
Por otro lado, dos empleadas, dos abogados y un inspector municipal también fueron desvinculados del expediente al no encontrarse pruebas de que conocieran la maniobra investigada.