Denuncian a Caputo, Sturzenegger y Adorni por presunto vaciamiento de Vialidad Nacional
El gremio de profesionales del organismo presentó una denuncia judicial contra funcionarios nacionales y autoridades de Vialidad por supuesta malversación de recursos destinados a rutas nacionales.
Una asociación gremial de trabajadores de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Gobierno nacional por un presunto vaciamiento del organismo y el supuesto desvío de fondos destinados al mantenimiento de rutas.
La presentación judicial, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de autoridades del organismo.
Según la denuncia, se habrían retenido alrededor de 400 mil millones de pesos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos que por ley deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la red vial federal. El gremio sostiene que esos recursos habrían sido utilizados para operaciones financieras vinculadas al sostenimiento del Tesoro Nacional.
El planteo judicial advierte además sobre un deterioro creciente de las rutas nacionales y una fuerte paralización de obras públicas, incluso aquellas con financiamiento internacional. De acuerdo con el documento presentado, la falta de inversión habría generado una deuda interna equivalente a gran parte del presupuesto anual de Vialidad Nacional, afectando su funcionamiento técnico y operativo.
La denuncia también cuestiona el proceso de reducción de personal dentro del organismo. Según el gremio, se habrían elaborado informes de gestión "distorsionados" para justificar recortes y reestructuraciones, además de medidas disciplinarias contra trabajadores técnicos y profesionales.
Desde la organización denunciante sostienen que el debilitamiento de Vialidad compromete tanto el control de concesiones como el mantenimiento de corredores estratégicos en todo el país, lo que podría impactar en la seguridad vial y en la conectividad entre provincias.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades penales de los funcionarios señalados, menciona el portal Analisis Digital.