El Gobierno ofreció una mejora salarial, pero no logró cerrar un acuerdo con las universidades
El Ejecutivo propuso una recomposición salarial del 24%, aumentos para becas y fondos para hospitales universitarios. Sin embargo, condicionó el entendimiento al retiro de una demanda judicial, algo que los rectores rechazaron de manera categórica.
Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas mostraron avances significativos este lunes, aunque finalmente no lograron desembocar en un acuerdo. La principal traba fue la exigencia oficial de que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada al financiamiento universitario, una condición que los rectores consideran innegociable.
El encuentro, que se desarrolló con bajo perfil y lejos de la exposición pública, reunió a funcionarios nacionales y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el objetivo de encontrar una salida al conflicto presupuestario que mantiene en tensión al sistema universitario.
Durante la reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta que contempla una recomposición salarial acumulada del 24,3% para docentes y no docentes. El esquema prevé una actualización del 21,3% en junio y otro 3% en octubre, además de la creación de una comisión técnica para analizar las diferencias pendientes de 2024 y establecer negociaciones paritarias trimestrales.
La oferta también incluyó un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una mejora del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo de 50 mil millones de pesos destinado a hospitales universitarios.
Desde el ámbito académico reconocieron que la propuesta representa un avance. "Es una oferta razonable", señalaron fuentes universitarias al tanto de las conversaciones. Sin embargo, remarcaron que el entendimiento quedó condicionado por un requisito que no están dispuestos a aceptar.
"Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación", afirmaron desde el sector universitario en referencia al pedido oficial de desistir de la demanda que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
Los rectores sostienen que la acción judicial constituye una garantía para defender los recursos del sistema educativo y aseguran que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para abandonar ese reclamo.
"Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno", insistieron las autoridades académicas, que además interpretan la propuesta oficial como una demostración de que existen fondos para atender parte de las demandas del sector.
La demanda en cuestión reclama el cumplimiento de las actualizaciones previstas por la Ley de Financiamiento Universitario para salarios y becas, montos que el Gobierno considera incompatibles con su política de equilibrio fiscal.
Desde la administración nacional cuestionaron la postura del CIN y sostuvieron que la negativa a retirar la presentación judicial dificulta una solución definitiva. Según fuentes oficiales, la conducción universitaria "no está dispuesta a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad", una actitud que, advirtieron, "lleva a todos a un conflicto sin solución".
Mientras ambas partes mantienen posiciones firmes, las conversaciones continúan abiertas y existe expectativa de que durante los próximos días se produzcan nuevos contactos para intentar acercar posiciones. Por ahora, el acuerdo sigue pendiente y la definición podría terminar dependiendo tanto de la negociación política como de lo que resuelva la Corte Suprema sobre el reclamo universitario.