El Gobierno y las universidades avanzan hacia un acuerdo, pero seguirá la disputa judicial
Las negociaciones entre la Casa Rosada y las universidades públicas avanzan hacia un entendimiento que incluiría mejoras salariales y más fondos para becas y hospitales. Sin embargo, las instituciones mantendrán la demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas podría ingresar en una etapa de distensión. En las últimas horas, las partes lograron importantes avances en las negociaciones por el financiamiento del sistema universitario y se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo que permitiría aliviar la tensión acumulada durante los últimos meses.
Uno de los cambios clave en la negociación fue la decisión del Ejecutivo de flexibilizar una de sus principales exigencias: ya no condiciona el entendimiento a que las universidades retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con fuentes del sector universitario, todavía restan definir algunos aspectos técnicos, aunque el entendimiento podría formalizarse entre este martes y miércoles si no aparecen nuevos puntos de conflicto.
En ese marco, las universidades continuarán con la presentación judicial que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema, mientras que el Gobierno avanzaría con una recomposición salarial para trabajadores docentes y no docentes.
La propuesta oficial prevé una mejora del 24,33%, dividida en dos tramos: un incremento inmediato del 21,33% y un aumento adicional del 3% previsto para octubre. Desde el ámbito universitario explicaron que el objetivo es recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
El posible acuerdo también contempla otros refuerzos presupuestarios. Entre ellos, un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas, y una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Además, las conversaciones incluyen un análisis particular sobre los salarios del personal docente de escuelas preuniversitarias, uno de los sectores que más sufrió el deterioro salarial.
Las negociaciones son encabezadas por representantes del Gobierno nacional y autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en medio de un escenario atravesado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una fuerte discusión sobre el presupuesto educativo.
Hasta hace pocos días, uno de los principales obstáculos para cerrar un entendimiento era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso pero no aplicada por el Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que la ley no establece de manera clara los recursos para financiar su implementación, mientras que las universidades defienden su vigencia y reclaman su cumplimiento ante la Justicia. La causa ya tuvo resoluciones favorables para las casas de estudio, aunque actualmente permanece suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario impulsado por la Nación.
Desde el ámbito universitario habían advertido que no estaban dispuestos a resignar ese resguardo judicial para alcanzar un acuerdo económico, postura que tampoco reunía consenso dentro de la comunidad educativa.
A pesar del acercamiento entre las partes, el conflicto todavía no parece completamente resuelto. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) ratificó un paro nacional entre el 16 y el 20 de junio para reclamar la aplicación de la ley y exigir nuevas negociaciones salariales.
Además de la medida de fuerza, el gremio anunció clases públicas y actividades de protesta en distintos puntos del país, en continuidad con las movilizaciones protagonizadas por docentes, estudiantes y autoridades universitarias durante las últimas semanas.