El Gobierno y las universidades alcanzaron un acuerdo por salarios y presupuesto, pero continúa la disputa en la Corte Suprema
El entendimiento contempla aumentos salariales, más fondos para becas y hospitales universitarios. Sin embargo, los rectores ratificaron que mantendrán el reclamo judicial para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras varios meses de conflicto por el financiamiento de la educación superior, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sellaron este martes un acuerdo que busca llevar alivio a las universidades públicas. El entendimiento incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes, un refuerzo presupuestario para áreas estratégicas y el compromiso de continuar las negociaciones con los gremios del sector.
La propuesta oficial establece una actualización salarial total del 24,33%, que será aplicada en dos etapas. El primer tramo, del 21,33%, se liquidará en julio, mientras que el 3% restante se abonará en octubre. Según explicaron desde las universidades, la recomposición contempla porcentajes pendientes de los años 2024 y 2025, además de una compensación por la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.
El acuerdo fue firmado durante una reunión entre funcionarios nacionales y representantes del CIN. Desde el ámbito universitario destacaron que el entendimiento constituye un avance para garantizar el funcionamiento de las instituciones, aunque advirtieron que aún quedan temas pendientes por resolver.
Uno de los puntos centrales del acta establece que el Ejecutivo procurará evitar que los salarios universitarios vuelvan a quedar rezagados frente a la inflación durante el próximo año. Asimismo, se acordó convocar a una mesa paritaria para discutir aspectos salariales y laborales con las organizaciones gremiales.
Además de la cuestión salarial, el Gobierno aceptó reforzar el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas fundamentales para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. El financiamiento del programa aumentará un 50%, una medida que apunta a sostener el acceso y la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.
Otro de los anuncios destacados fue la asignación de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios. Estas instituciones cumplen una doble función: brindar atención médica a la comunidad y servir como espacios de formación para futuros profesionales de la salud.
Pese a estos avances, los rectores dejaron en claro que el acuerdo no implica abandonar la vía judicial. "No retiraremos la demanda", hicieron saber desde el CIN respecto de la causa que analiza la Corte Suprema sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La normativa fue aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada, pero su implementación quedó frenada por una disputa judicial. Actualmente existe una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque su aplicación permanece suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley es inviable porque, según su interpretación, no cumple con los requisitos establecidos por la normativa de administración financiera del Estado. "La ley es ilegal porque no identifica claramente la fuente de los recursos necesarios para financiarla", es uno de los argumentos que mantiene el Gobierno en los tribunales.
La desconfianza también persiste entre los sindicatos docentes. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) expresaron cautela frente a los anuncios. "Por ahora es todo informal. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. Tiene que convocar a paritarias, algo que no ocurre desde hace tiempo", señalaron referentes gremiales.
La situación es especialmente compleja en los colegios preuniversitarios dependientes de las universidades nacionales. Allí, los docentes sufrieron una fuerte caída de sus ingresos tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una situación que también forma parte de las negociaciones en marcha.
Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene el estado de alerta. En las últimas semanas se realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una definición de la Corte Suprema. La protesta estuvo acompañada por estudiantes, docentes y autoridades académicas, quienes reclamaron una resolución que garantice recursos estables para el sistema universitario.
La definición sobre la Ley de Financiamiento Universitario quedó ahora en manos de la Corte Suprema, cuya decisión será clave para el futuro del sistema de educación superior en Argentina.