La defensa de "Pequeño J" denunció aislamiento extremo en prisión y pidió contacto con su familia

La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" y acusado por el triple crimen de Florencio Varela, presentó una serie de recursos judiciales para cuestionar tanto las condiciones de su detención como las medidas procesales adoptadas en la investigación.

Por un lado, el abogado Lucas Contreras Alderete interpuso un hábeas corpus en el que denunció que su defendido permanece bajo un régimen de aislamiento que considera excesivo y contrario a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Según el planteo, Valverde Victoriano permanece alojado en una celda individual, sin contacto con otros internos, una situación que la defensa calificó como una forma de "tortura y violencia institucional".

"Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor que conlleva implícita la pena de encierro", sostuvo el letrado en la presentación judicial.

A partir de ese argumento, la defensa solicitó que se declare ilegal el régimen de encierro al que está sometido el acusado. Incluso pidió su liberación inmediata por considerar que las condiciones de detención vulneran garantías constitucionales.

Como alternativa, reclamó que sea trasladado a otra unidad penitenciaria o que se le permita mantener contacto regular con su familia mediante videollamadas. En ese sentido, solicitó que pueda comunicarse al menos dos veces por semana con su madre y su hermana, quienes viven en Perú.

Cuestionamientos al procesamiento

En paralelo, Contreras Alderete apeló el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de mil millones de pesos dictados por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Morón.

La defensa sostuvo que la resolución presenta una "imputación genérica y precaria" y que no logra determinar con claridad cuál habría sido la participación concreta de Valverde Victoriano en los hechos investigados.

Según el escrito, el fallo lo ubica como integrante de una organización criminal y le atribuye haber realizado "aportes esenciales" al plan que culminó con el asesinato de las tres víctimas, pero sin especificar acciones concretas, fechas ni pruebas que respalden esas afirmaciones.

Además, el abogado cuestionó la valoración de la prueba realizada por el magistrado y aseguró que la acusación se apoya principalmente en testimonios que presentan contradicciones.

"No existen registros materiales, comunicaciones ni otros elementos objetivos que permitan ubicar de manera concluyente a mi asistido en el lugar de los hechos o acreditar su participación en la planificación, el traslado, el cautiverio o el asesinato de las víctimas", argumentó la defensa en la apelación.

La causa

"Pequeño J" está imputado por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, en el expediente que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.

Tras conocerse los crímenes, el acusado abandonó el país y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente fue capturado en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad argentinas y peruanas.

Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar los planteos presentados por la defensa y resolver tanto sobre la situación procesal del acusado como sobre las denuncias relacionadas con sus condiciones de detención.