Piden 12 años de prisión para un abogado acusado de explotar sexualmente a 37 mujeres a través de plataformas webcam
La fiscalía sostuvo que las víctimas eran captadas con falsas ofertas de trabajo y obligadas a producir contenido sexual que luego era comercializado en sitios para adultos. También solicitaron el decomiso de bienes y una millonaria reparación económica.
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión para un abogado y otro hombre acusados de integrar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual de al menos 37 mujeres, quienes eran obligadas a generar contenido para plataformas webcam en la provincia de San Juan.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez pidieron que Gustavo Antonio de la Fuente, de 59 años, y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina, de 31, sean condenados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Según la investigación, los hechos ocurrieron entre marzo de 2022 y julio de 2024 en estudios webcam instalados en la ciudad de San Juan, donde las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales vinculadas a una supuesta agencia de modelaje denominada "Belle Argentina".
De acuerdo con la acusación, las mujeres eran convencidas con la promesa de ganar dinero en dólares o euros y, una vez incorporadas a la estructura, debían realizar transmisiones sexuales en vivo y ceder los derechos de sus imágenes para su comercialización en distintas plataformas para adultos.
La fiscalía sostuvo que los acusados retenían al menos el 50% de las ganancias obtenidas y aplicaban descuentos por supuestas faltas, llegadas tarde, cansancio o incluso por el período menstrual. Además, señalaron que durante las transmisiones los usuarios podían controlar a distancia dispositivos sexuales interactivos utilizados por las víctimas.
El contenido era comercializado en plataformas internacionales como Stripchat, Chaturbate, Camsoda, Cam4, Bongacams y Streamate, entre otras, donde los pagos se realizaban mediante tokens y criptomonedas.
Como parte del pedido de condena, los fiscales solicitaron el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, además de una reparación integral para las víctimas por más de 1.152 millones de pesos. También reclamaron la eliminación de todo el material audiovisual aún disponible en internet y medidas de reparación simbólica y de prevención.
La investigación comenzó en marzo de 2022 tras una denuncia anónima y estuvo a cargo de Gendarmería Nacional bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.
El juicio oral comenzó el pasado 21 de mayo. Ambos imputados permanecen con prisión domiciliaria y el veredicto del Tribunal Oral Federal de San Juan se conocerá el próximo 2 de julio.