Santiago

Desbaratan una red que fabricaba y distribuía cigarrillos falsificados en cinco provincias

La organización operaba con una fábrica clandestina en San Luis y abastecía a comercios de distintas provincias. Secuestraron 54 toneladas de tabaco, millones de estampillas fiscales apócrifas y maquinaria industrial. Hay cinco imputados.

Una organización dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de cigarrillos falsificados fue desbaratada tras una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. El operativo incluyó 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias y permitió descubrir una planta clandestina con capacidad para producir alrededor de 700 millones de cigarrillos por año.

Como resultado de los procedimientos, las autoridades secuestraron más de 54 toneladas de tabaco, cerca de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial utilizada para la producción masiva de cigarrillos apócrifos. Además, cinco personas fueron imputadas en la causa.

La investigación comenzó en julio de 2024, luego de que personal de la Prefectura Naval Argentina detectara la venta de cigarrillos presuntamente falsificados en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos. A partir de esa información, la fiscalía reconstruyó una compleja red que operaba en Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis.

De acuerdo con la pesquisa, la organización controlaba toda la cadena del negocio ilegal: fabricaba los cigarrillos, los almacenaba, los transportaba y los distribuía a comercios minoristas mediante una red de distribuidores y empresas de transporte.

Los investigadores establecieron que los productos llevaban marcas falsificadas, estampillas fiscales adulteradas y no contaban con la registración exigida por la normativa vigente, lo que habría generado una importante evasión impositiva. Además, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de activos derivadas de las ganancias obtenidas con la comercialización ilegal.

Durante la investigación se realizaron vigilancias, compras controladas, intervenciones telefónicas y seguimientos logísticos que permitieron identificar depósitos, centros de distribución y la planta clandestina ubicada en San Luis.

Según el Ministerio Público Fiscal, la fábrica funcionaba bajo la fachada de una empresa aparentemente legal. Las tareas de inteligencia detectaron movimientos de camiones, ingreso y egreso de mercadería y ruidos compatibles con el funcionamiento de maquinaria industrial. Los investigadores estiman que la planta podía generar ganancias ilícitas cercanas a los 32 millones de dólares.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el operativo denominado "MK8", que incluyó allanamientos en Entre Ríos, San Luis, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para los investigadores, la organización contaba con una estructura criminal consolidada, con capacidad industrial y una logística diseñada para introducir al mercado miles de cigarrillos elaborados al margen de los controles fiscales y regulatorios. Mientras continúan las medidas de prueba, la causa sigue avanzando para determinar el alcance total de la maniobra y las responsabilidades de todos los involucrados.

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