El Gobierno negocia una reforma penal más acotada y frena el envío del juicio por jurados al Congreso

El Gobierno de Javier Milei negocia la última versión de la reforma del Código Penal y frenó el envío del proyecto de juicio por jurados al Congreso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le envió hace dos semanas una contrapropuesta a Santiago Caputo y ambos equipos buscan cerrar un texto intermedio entre el borrador original de más de 900 páginas y una versión más reducida.

La nueva propuesta ya está en la Secretaría de Legal y Técnica, que coordina María Ibarzabal y tiene a cargo la revisión jurídica antes de su eventual remisión al Congreso. En Balcarce 50 aseguran que la discusión sigue abierta, pero que después de meses de desencuentros las partes acercaron posiciones.

La reforma quedó atravesada por la interna en el área. La tensión se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Caputo en el ministerio, que quedó a cargo de Mahiques, alineado con Karina Milei, según indicó el portal de noticias TN. 

Legal y Técnica, en cambio, sigue bajo la órbita de Ibarzabal, una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial.

El punto central es el alcance. El borrador original superaba las 900 páginas e incluía modificaciones amplias al Código Penal y a leyes penales especiales. 

Mahiques impulsa ahora una versión más acotada. Su argumento: una reforma demasiado extensa puede trabarse en el Congreso por su complejidad técnica y por la cantidad de temas sensibles.

Desde el entorno de Caputo sostienen que el último borrador reduce de forma significativa la reforma inicial. Cerca de Mahiques lo rechazan y remarcan que el texto abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que sea una versión mínima. En ambas partes admiten que buscan "ponerse de acuerdo".

En Casa Rosada circula la alternativa de cerrar un punto intermedio: una reforma de alrededor de la mitad o dos tercios del texto original. El objetivo es evitar tanto un paquete muy chico, que se lea como retroceso, como una reforma integral que obligue a abrir discusiones difíciles en el Congreso.

El Gobierno quiere mantener los artículos con mayor consenso político. Entre ellos: endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas.

Ya habían descartado incluir cambios sobre aborto y tampoco abrir una discusión de fondo sobre la figura de femicidio, pese a que algunos sectores del oficialismo habían planteado revisar ese agravante.

En paralelo, el Ejecutivo puso en pausa el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo en Legal y Técnica. "Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal", explican en Nación. 

La lectura oficial es técnica y política: no conviene avanzar con jurados sin antes ordenar el marco procesal que definiría su aplicación. El proyecto había sido presentado como una de las reformas para el segundo semestre, pero quedó postergado.

La semana que viene habrá una reunión clave encabezada por Karina Milei, con Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández. 

El objetivo es ordenar prioridades legislativas tras la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. En el tablero están: reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete judicial.

"Al Código Penal lo vamos a terminar mandando este año, pero lo complejo va a ser conseguir los votos", admiten en el Ejecutivo. La idea es que el proyecto ingrese por Diputados, donde Martín Menem encabezará las negociaciones.