El Gobierno acelera la privatización de rutas: abre ofertas por 3.900 km y transfiere el control a Santa Fe

El Gobierno da un nuevo paso en la privatización de rutas. Este miércoles a las 10 abre las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y firma con Santa Fe el primer convenio para transferirle el control y mantenimiento de un corredor nacional clave para la agroexportación.

Es una doble jugada para mostrar avances en infraestructura vial con gestión privada y provincial.

La licitación abarca 3.900 kilómetros divididos en ocho tramos: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. Completa el paquete de 9.000 km que el Ministerio de Economía anunció hace un año para reemplazar a Corredores Viales.

Según la resolución publicada el lunes en el Boletín Oficial, se pre-clasificaron 22 ofertas de 50 presentadas y se desestimaron dos. Entre las que siguen en carrera están CPC —compite por los ocho corredores—, la UTE Rovial, Obring, Pitón y Edeca —por tres— e IEB Construcciones-Trading MRG —por seis—.

Las concesiones, habilitadas por la Ley Bases, serán por 20 años bajo el régimen de peaje. Los adjudicatarios deberán hacer obras antes de poder tocar las tarifas.

Santa Fe firmará el primer acuerdo para transferir la gestión de una ruta nacional

Este miércoles, el foco en las obras de infraestructura también estará en la Casa Rosada. Allí, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmarán junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, un convenio para transferir a esa provincia las obras y el mantenimiento de la A012, que incluye los accesos a los puertos del Gran Rosario.

Se trata de uno de los corredores logísticos más importantes del país por su vinculación con el complejo agroexportador. El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y permitirá que Santa Fe asuma las tareas de reparación y conservación de la traza, mientras cualquier esquema de cobro de peajes requerirá una tramitación adicional.

La firma del convenio representa el primer paso concreto del esquema que el Gobierno habilitó en abril con el decreto 253. Esa norma había autorizado a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus jurisdicciones.

La delegación de facultades, sin embargo, no implica el traspaso de la titularidad de las rutas. El Estado nacional, según el portal TN, mantiene el dominio público y la jurisdicción federal sobre los corredores, mientras que las provincias podrán asumir funciones vinculadas con la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, siempre que previamente firmen convenios con la Dirección Nacional de Vialidad y obtengan la aprobación de la Secretaría de Transporte.

Además, cada distrito deberá presentar un plan de obras, un esquema de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión, incluyendo tarifas de peaje y plazos. Las concesiones podrán extenderse hasta 30 años y los ingresos obtenidos deberán destinarse exclusivamente al corredor concesionado, sin posibilidad de financiar otras obras.

La estrategia oficial para ampliar la infraestructura sin comprometer el equilibrio fiscal

La decisión de avanzar simultáneamente con nuevas concesiones nacionales y con el traspaso de rutas a las provincias se inscribe en la estrategia que el Gobierno para apuntalar el crecimiento económico a través de inversiones en infraestructura, sin recurrir a un esquema tradicional de obra pública financiada por el Estado.

A comienzos de julio, cuando presentó el programa financiero para los próximos 18 meses, Caputo sostuvo que el país dará un "salto muy importante" en infraestructura. que estará impulsado por privatizaciones y concesiones.

El ministro mencionó, además de la privatización de Transener y la concesión de la Hidrovía, la futura licitación del Belgrano Cargas y las concesiones de rutas nacionales como proyectos destinados a reforzar el crecimiento de la economía.

La iniciativa también coincide con las negociaciones que la Nación mantiene con distintas provincias interesadas en asumir la gestión de corredores nacionales que hoy tienen concesiones vigentes.

En varios distritos, el reclamo por el deterioro de las rutas y la necesidad de mejorar la infraestructura logística para sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos aceleró las conversaciones para avanzar con nuevos convenios previstos por el decreto 253.