Brasil, Chile y Japón lideran las críticas a la nueva política arancelaria de EE.UU.

La entrada en vigencia de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos provenientes de más de 80 países provocó una inmediata reacción internacional. La administración de Donald Trump fijó gravámenes de entre el 10% y el 12,5% sobre las importaciones, argumentando que la medida responde a la necesidad de combatir el trabajo forzoso en las cadenas de producción. Sin embargo, numerosos gobiernos rechazaron esa explicación y anticiparon negociaciones para intentar dejar sin efecto las sanciones.

Las nuevas tarifas comenzaron a regir este viernes, luego de reemplazar el arancel global temporal del 10% que había expirado el jueves. Para sostener jurídicamente la decisión, Washington recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, después de que la Corte Suprema estadounidense declarara inconstitucionales, en febrero, los aranceles generalizados impulsados previamente por Trump al considerar que solo el Congreso tiene facultades para aprobar ese tipo de medidas.

Entre los países alcanzados por el gravamen del 10% figuran la Argentina, Canadá, la Unión Europea, la India y el Reino Unido, debido a que cuentan con prohibiciones o compromisos vinculados a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. En cambio, economías como China, Japón y Corea del Sur quedaron sujetas a una alícuota del 12,5%, aunque ciertos productos, como el acero y el aluminio, mantendrán los aranceles específicos que ya estaban vigentes.

Brasil fue uno de los gobiernos que respondió con mayor dureza. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Estados Unidos de utilizar el argumento del trabajo forzoso como una herramienta para profundizar políticas proteccionistas y sostuvo que Washington "optó por manipular un tema tan importante" ante la falta de fundamentos legales para justificar el incremento. Con esta decisión, las exportaciones brasileñas enfrentarán una carga arancelaria acumulada del 37,5%, tras el aumento del 25% anunciado días atrás.

Chile también manifestó su rechazo y anunció que buscará ser excluido del listado de países afectados. La Cancillería chilena defendió la fortaleza de su legislación laboral y sostuvo que la medida estadounidense no se corresponde con la evidencia técnica ni jurídica presentada. Desde el sector agropecuario, la Sociedad Nacional de Agricultura advirtió que el nuevo esquema resta competitividad y genera incertidumbre para productores y trabajadores.

En Asia, Japón calificó la decisión como "lamentable" y recordó que mantiene un acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en 2025, que establece un arancel del 15% para la mayoría de sus exportaciones a cambio de fuertes inversiones en territorio estadounidense. Corea del Sur también reclamó que se respete el entendimiento vigente y aseguró que continuará las consultas con Washington para preservar las condiciones pactadas.

Australia cuestionó los nuevos gravámenes al considerarlos incompatibles con el tratado de libre comercio que mantiene con Estados Unidos. Su ministro de Comercio afirmó que las medidas son "injustificadas" y destacó que el país posee una de las legislaciones más estrictas para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.

Las respuestas también llegaron desde América del Norte y el Pacífico. México informó que el T-MEC permitió que la mayor parte de sus exportaciones continúe ingresando al mercado estadounidense sin cambios, mientras que Nueva Zelanda criticó la falta de pruebas que respalden la acusación de trabajo forzoso. Filipinas expresó preocupación por el impacto que tendrán las nuevas tarifas sobre su competitividad, y Canadá intensificó las negociaciones con Washington para evitar la aplicación de un arancel del 50% previsto para el próximo 19 de agosto. Panamá, por su parte, destacó haber quedado fuera de la lista de países alcanzados por la nueva política comercial estadounidense.