Campaña antiargentina: habilitan por decreto a expulsar a los extranjeros que agravien al país
La modificación de la Ley de Migraciones que propone la medida suma nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar residencias ya otorgadas.
El Gobierno endureció las reglas migratorias y habilitó la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra argentinos, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios. La medida también permitirá impedir el ingreso al país de personas alcanzadas por esas conductas.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei e integrantes de su Gabinete. Segun se explicó en un comunicado de la Oficina del Presidente, la resolución responde a "las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos".
El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", expresó Milei en el comunicado oficial.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Argentina mantuvo históricamente una política de apertura y hospitalidad hacia los extranjeros, pero remarcó que la soberanía estatal permite fijar condiciones de admisión, permanencia y expulsión para resguardar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.
La norma se dictó como decreto de necesidad y urgencia y, según el texto oficial, deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar dictamen a cada Cámara.
Contexto de la decisión y alcance
La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.
En el artículo 1 del decreto se establece que la disposición alcanza a extranjeros que hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último", o bien, hayan "realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso".
El decreto responde de manera directa a su objetivo central: desde su entrada en vigor, un extranjero comprendido en esas conductas no podrá ingresar al país y, si ya reside en la República Argentina, podrá perder su residencia y ser intimado a abandonar el territorio o ser expulsado.
De hecho, en el artículo 3 se remarca que "la cancelación de la residencia conforme lo previsto en los incisos f) y h) del artículo 62 de la presente ley conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional, teniendo en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado;".
Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerzó su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subrayó que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.