Niegan la libertad a un agresor por el alto riesgo de reincidencia y patrón violento
La Justicia hizo lugar al pedido de Fiscalía por la gravedad de los hechos y el riesgo de reincidencia. Tenía antecedentes por delitos similares. Había atacado a la víctima con un arma blanca y continuó acosándola tras la separación.
La Justicia resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y convirtió en prisión preventiva la detención de un hombre imputado por reiterados episodios de violencia física, psicológica y simbólica en perjuicio de su expareja. La medida judicial se mantendrá por el plazo fijado por ley, contabilizado desde la aprehensión del acusado a finales de mayo de este año.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la medida cautelar fundamentando la gravedad de los cargos y sosteniendo que se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 178 del Código Procesal Penal. Entre el material probatorio presentado figuran informes policiales, pericias psicológicas, registros de mensajes de texto y condenas previas del acusado por delitos similares e ilícitos contra la propiedad. Según las evaluaciones profesionales, el imputado presenta un perfil con rasgos agresivos, manipuladores y de baja empatía, lo que representa un elevado riesgo de reincidencia y un peligro concreto para la integridad de la víctima y de terceros.
Los hechos que originaron la causa comenzaron a principios de mayo, cuando el agresor atacó físicamente a la víctima en la vivienda que compartían, propinándole golpes e intimidándola con un arma blanca. El episodio requirió la intervención de la hija menor de la mujer para frenar el ataque. Tras la separación, la víctima continuó sufriendo acoso constante y amenazas a través de dispositivos móviles, configurando un patrón sistemático de control y violencia de género.
Por su parte, la defensa técnica se opuso al dictamen fiscal alegando supuestas contradicciones en las pruebas y sosteniendo la ausencia de riesgos procesales como la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Asimismo, fundamentó su pedido de libertad —o en su defecto, un arresto domiciliario con prohibición de acercamiento— en las cargas familiares del imputado, argumentando que tiene a su cargo el cuidado de hijas menores de edad y de una adulta mayor con afecciones de salud.
Finalmente, tras ponderar los argumentos presentados por ambas partes y el riesgo que representa el imputado para la víctima y el proceso judicial, la magistratura resolvió ordenar la prisión preventiva del acusado para garantizar la protección de la damnificada y el correcto avance de la causa.