Allanaron una cadena de gimnasios en Chaco y Corrientes por una investigación de lavado de activos
Hubo 18 procedimientos y cinco detenidos, entre ellos cuatro hombres y una mujer. La investigación apunta a determinar el origen de los fondos utilizados para la rápida expansión de la cadena Exen. La Justicia secuestró máquinas, dinero, documentación y vehículos.
Una investigación por presunto lavado de activos derivó este sábado en un amplio operativo en las provincias de Chaco y Corrientes, con 18 allanamientos y cinco personas detenidas. Los procedimientos estuvieron vinculados principalmente con una cadena de gimnasios que tuvo una rápida expansión en distintas localidades y que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría sido utilizada para introducir en el circuito legal fondos de presunto origen ilícito.
Los operativos fueron solicitados por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y autorizados por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
El despliegue estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco. Participaron alrededor de 200 integrantes de Gendarmería y otros 50 policías provinciales, además de contadores, peritos informáticos, personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y miembros de la Unidad Fiscal Resistencia.
Los lugares allanados
Los procedimientos se concretaron en sucursales de la cadena de gimnasios Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno. También se allanó el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba instalar una nueva sede.
Además, los investigadores realizaron procedimientos en domicilios particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades bajo investigación.
Como resultado de los operativos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación y automóviles, elementos que serán analizados para establecer el patrimonio de los investigados, sus operaciones comerciales y financieras y el origen de los fondos utilizados.
Cinco detenidos
La causa tiene siete personas imputadas: cinco hombres y dos mujeres. Por pedido de la Fiscalía, cinco de ellas —cuatro hombres y una mujer— quedaron detenidas, debido a la existencia, según la acusación, de riesgos procesales relacionados con un eventual peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Las otras dos personas fueron notificadas de la imputación y permanecieron en libertad.
Los siete imputados fueron acusados por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. En cuatro casos, además, se contemplaron los agravantes de habitualidad y organización.
Una expansión que llamó la atención de los investigadores
Uno de los principales puntos analizados por la Fiscalía fue el crecimiento de la cadena Exen. De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la empresa llegó a contar con siete sucursales.
La primera, Exen Illia, abrió sus puertas en febrero de 2025. Luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. Posteriormente se detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, mientras avanzaban las obras para instalar otra sede en el ex Hotel Guaraní de Corrientes.
Para Sabadini, el ritmo de crecimiento y las inversiones realizadas para poner en funcionamiento los establecimientos no guardarían relación con la capacidad económica declarada por los emprendimientos y sus integrantes.
"Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado", sostuvo el fiscal en su requerimiento.
La Fiscalía sospecha que la expansión de los gimnasios habría formado parte de una estructura destinada a canalizar fondos cuya procedencia no estaría debidamente justificada.
Equipamiento valuado en más de US$1,4 millones
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el valor del equipamiento instalado en los gimnasios.
El Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco realizó un relevamiento de las máquinas y estructuras existentes en cinco establecimientos. Los equipos pertenecían a la marca G-Fitness y fueron valuados tomando como referencia presupuestos de la empresa proveedora y los precios publicados en su catálogo.
Según esa estimación, el equipamiento de las cinco sucursales alcanzaba un valor aproximado de US$1.434.241.
La Fiscalía posteriormente comparó esas cifras con las facturas de compra registradas ante el proveedor. En las cuatro sedes de Resistencia y la ubicada en Barranqueras, el valor estimado de los bienes de uso ascendía a unos US$989.793, mientras que las facturas relevadas representaban aproximadamente US$407.743.
De ese cotejo surgió una diferencia cercana a US$582.049, equivalente al 58% del activo fijo relevado, que para la Fiscalía no estaría justificada.
La hipótesis sobre el origen del dinero
La investigación comenzó a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración que posteriormente fue homologado por la Justicia Federal.
Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esos datos, la Fiscalía inició una investigación patrimonial y financiera que incluyó consultas a registros de vehículos e inmuebles, organismos tributarios y migratorios, entidades bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
Según la hipótesis fiscal, los siete imputados habrían conformado una estructura destinada a introducir en el circuito económico formal bienes y fondos de presunto origen ilícito. La acusación sostiene que esos fondos podrían provenir del narcotráfico y/u otros delitos de acción pública.
Para Sabadini, las sociedades investigadas podrían haber sido utilizadas como vehículos financieros para realizar inversiones y dar apariencia legal a fondos cuya procedencia no habría podido ser demostrada.
La Fiscalía también puso bajo análisis la adquisición de vehículos, viajes al exterior, obras de infraestructura y el nivel de gastos de los investigados, al considerar que existirían incongruencias entre las exteriorizaciones patrimoniales y los perfiles económicos declarados.
La causa continúa ahora con el análisis de la documentación, el dinero, los vehículos y el equipamiento secuestrados durante los 18 allanamientos, mientras la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y el eventual origen de los fondos investigados.