A siete años de la muerte de Natacha Jaitt, su familia pidió reabrir la investigación
El abogado de Ulises Jaitt cuestionó distintos elementos del expediente y reclamó nuevos análisis sobre las llamadas al 911, las cámaras de seguridad, los dispositivos electrónicos y los estudios médico-forenses.
A siete años de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises volvió a pedir que se reabra la investigación. El planteo fue presentado por su abogado, Ignacio Barrios, ante la Fiscalía General de San Isidro, quien solicitó revisar el archivo de la causa y avanzar con medidas de prueba que, según sostiene, no fueron analizadas de manera completa.
Uno de los principales puntos señalados está relacionado con la reconstrucción de la madrugada del 23 de febrero de 2019, cuando Jaitt fue encontrada muerta en el complejo Xanadú, en Tigre. El escrito menciona llamadas perdidas registradas en el teléfono de la víctima y plantea una diferencia de aproximadamente 33 minutos entre la alerta policial y el despacho médico. La querella pidió acceder a los registros originales del 911 y de los servicios de emergencia para reconstruir la secuencia, aunque aclaró que no afirma que esa demora haya provocado el fallecimiento.
La presentación también cuestionó las condiciones de la escena antes de la llegada de la Policía. Barrios citó declaraciones de personas que estuvieron en el lugar y describieron movimientos de distintos objetos, entre ellos elementos relacionados con alcohol, cigarrillos y el teléfono de Jaitt. Según el planteo, esas situaciones no prueban por sí mismas una intervención en la muerte, pero deberían ser revisadas para establecer qué elementos fueron manipulados, retirados o modificados.
Otro de los pedidos apunta a los dispositivos electrónicos y las cámaras de seguridad del complejo. El abogado solicitó completar el análisis forense de un iPad y otros archivos obtenidos durante los peritajes, además de determinar qué material permanece disponible en el DVR de Xanadú, cómo fue obtenido y si existen zonas sin cobertura o períodos de sobrescritura. También reclamó una nueva revisión de los estudios médico-forenses y toxicológicos realizados sobre la víctima.
La causa había sido archivada el 21 de marzo de 2024, cuando los fiscales concluyeron que no existían elementos para sostener un homicidio u otros delitos vinculados con el fallecimiento. Ahora, la familia busca que esa decisión sea revisada y que se incorporen las medidas solicitadas. La Fiscalía General de San Isidro deberá determinar si corresponde reabrir la investigación y avanzar con los nuevos peritajes y diligencias reclamados.