Policiales

Se separaron y amenazaba a su expareja con viralizar fotos íntimas

La jueza Roxana Menini legalizó la aprehensión de Joaquín Alejandro Coronel, pero ordenó su libertad con severas reglas de conducta, entre ellas una restricción de 300 metros y la colocación de un tobillera electrónica dual.

Un joven de 22 años imputado por coaccionar a su expareja tras la ruptura de la relación recuperó la libertad en las últimas horas tras una audiencia realizada en el Centro Judicial Banda, aunque deberá cumplir un estricto paquete de medidas restrictivas que incluye la colocación de un dispositivo electrónico dual de rastreo.

La causa se inició el pasado 26 de agosto tras la denuncia de la víctima, quien manifestó ante la Policía llevar tres meses separada del acusado de 22 años, tras cinco años de relación. Según la presentación, el sujeto padece consumos problemáticos de sustancias y en reiteradas oportunidades la habría amenazado e intimidado con difundir fotografías personales si no accedían a retomar la convivencia.

En el marco de la audiencia, el fiscal de Banda y Robles Dr. Pedro Ibáñez solicitó la legalización de la aprehensión y su conversión en detención formal al considerar riesgos procesales, restando aún incorporar pericias psicológicas, ratificación de la víctima y extracción de datos del celular. Por su parte, el abogado defensor, Dr. Martín Miguel López Díaz, se adhirió a la legalización pero se opuso a la detención, solicitando la excarcelación argumentando la ausencia de peligro de entorpecimiento y la distancia entre los domicilios.

Al resolver el planteo, la Jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, legalizó la aprehensión pero dispuso la inmediata libertad del imputado bajo reglas de conducta por el plazo de 180 días. Entre las medidas dispuestas figuran la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y de todo tipo de contacto con la víctima, la fijación de domicilio en la ciudad de Beltrán, departamento Robles, y la prohibición de consumir alcohol o sustancias. Asimismo, la magistrada ordenó oficiar al programa "Santiago Acompaña" para la colocación de un dispositivo dual y GPS por 30 días para monitorear el cumplimiento de la distancia fijada.

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