Régimen Penal Juvenil: la jueza que suspendió la aplicación explicó los motivos de su decisión
Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La magistrada cuestionó la falta de infraestructura y recursos y advirtió que el encierro sin educación, oficio ni tratamiento puede agravar la situación de los adolescentes.
La jueza Marta Elba Pascual explicó los motivos por los que decidió suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos. La magistrada fundamentó su decisión en la falta de infraestructura y recursos necesarios para implementar la nueva normativa.
Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de su libertad. Según explicó, su decisión no implica rechazar la reducción de la edad de imputabilidad, sino advertir sobre las condiciones en las que los jóvenes quedarían bajo el sistema penal.
"Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito", sostuvo la jueza. En ese sentido, consideró que el encierro sin herramientas de reinserción puede potenciar la agresividad y afirmó que le parece "pésimo" que haya menores de 18 años tras las rejas.
La magistrada también rechazó que la suspensión implique dejar desprotegidas a las potenciales víctimas. Señaló que la legislación procesal bonaerense ya permite a los jueces de garantías disponer la privación de libertad de adolescentes de entre 14 y 16 años y aseguró que actualmente hay alrededor de 100 menores de esa franja etaria detenidos en la provincia.
El fallo generó críticas desde el Gobierno nacional. La senadora Patricia Bullrich cuestionó la decisión y acusó a la Justicia bonaerense de adoptar una postura "garantista". Pascual respondió que es "garantista de la ley" y sostuvo que también busca mayor seguridad. Durante los 60 días de suspensión, pidió que los distintos poderes definan quién supervisará a los jóvenes, qué recursos tendrán los centros de detención y cómo se aplicarán las medidas alternativas previstas por la normativa.