Un docente denunció a policías por una presunta extorsión y el pago de $2,5 millones

Un docente tucumano presentó una grave denuncia contra efectivos de la comisaría de El Chañar, a quienes acusó de haberlo privado ilegítimamente de su libertad, amenazado con involucrarlo en una causa vinculada a drogas y obligado a entregar $2,5 millones.

La presentación fue radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y ahora deberá ser investigada para determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades penales.

De acuerdo con el relato presentado por el docente, el episodio comenzó cuando regresaba a su domicilio luego de tomar exámenes en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi. Viajaba como acompañante en un Chevrolet Corsa cuando, entre las 21.15 y las 21.20, una camioneta policial habría interceptado el vehículo.

Según denunció, dos efectivos descendieron del móvil sin identificarse y comenzaron a revisar el automóvil. Durante el procedimiento, uno de los policías habría asegurado haber encontrado unos supuestos "envoltorios" cerca de la palanca de cambios.

El docente sostuvo que esos elementos nunca le fueron exhibidos, pesados ni sometidos a una prueba de campo. Además, afirmó que no se confeccionó un acta de secuestro ni se dio intervención a una fuerza especializada en materia de drogas.

La presunta amenaza y el pedido de dinero

Tras el procedimiento, el profesor habría sido trasladado hasta la comisaría de El Chañar. Antes de ingresar, según su presentación, uno de los efectivos le quitó su teléfono celular.

Una vez en la dependencia policial, los agentes supuestamente comenzaron a hablar de la posibilidad de "llegar a un arreglo". Siempre de acuerdo con la denuncia, posteriormente lo habrían amenazado con involucrarlo en una causa por drogas si no entregaba una determinada suma de dinero.

El docente aseguró que también le advirtieron que el supuesto procedimiento podía hacerse público en los medios de comunicación y que, como consecuencia, podía perder su trabajo y tener dificultades para conseguir otro empleo dentro del sistema educativo.

Según su relato, inicialmente le habrían exigido $10 millones. Luego, el monto habría sido reducido a $8 millones. Al manifestar que no podía reunir esa cantidad, los acusados presuntamente ingresaron a su homebanking y comprobaron que contaba con aproximadamente $2,6 millones disponibles.

La denuncia sostiene que finalmente le exigieron $2,5 millones y que debía quedarse únicamente con $100.000. Incluso, según la presentación judicial, los efectivos le habrían manifestado que le dejaban ese monto porque "eran buenos".

Un millón en efectivo y $1,5 millones por transferencia

El docente relató que posteriormente fue llevado hasta un cajero automático, donde habría realizado extracciones por un total de $1 millón bajo vigilancia policial. El dinero, siempre según su denuncia, fue entregado luego a uno de los efectivos.

Los $1,5 millones restantes habrían sido enviados mediante una billetera virtual a una cuenta perteneciente a un tercero mencionado en la presentación judicial.

El denunciante aseguró que uno de los policías tomó su teléfono celular, ingresó el alias de la cuenta y que él únicamente intervino para completar la validación biométrica que exigía la aplicación.

Después de la presunta entrega del dinero, el profesor afirmó que fue obligado a firmar un documento en el que solamente constaba que había sido "demorado". También sostuvo que no pudo leer el acta en su totalidad ni recibió una copia.

Las pruebas que aportó a la Justicia

Entre los elementos presentados para respaldar su denuncia figuran el comprobante correspondiente a la transferencia de $1,5 millones y los registros de las extracciones realizadas desde su cuenta bancaria.

Además, solicitó que se incorporen a la investigación las imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos y de la propia comisaría.

El docente también pidió que se realice una rueda de reconocimiento, que se identifique a los policías que se encontraban de servicio durante el supuesto procedimiento y que se investigue la existencia de eventuales denuncias similares relacionadas con esa dependencia.

La presentación plantea, en ese sentido, la posibilidad de que el episodio denunciado pudiera responder a una modalidad reiterada, aunque este punto también deberá ser establecido mediante la investigación judicial.

Ahora, la Fiscalía deberá analizar las pruebas aportadas, reunir nuevos elementos y determinar si los hechos sucedieron de la manera relatada por el docente y si corresponde atribuir responsabilidades a los efectivos denunciados.