El Gobierno envió al Congreso una ley por Malvinas: multas millonarias y penas de hasta 20 años
El proyecto contempla un régimen de sanciones administrativas y penales para quienes desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales en los territorios y espacios marítimos alcanzados por la iniciativa sin autorización argentina.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones para personas y empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin autorización argentina.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y propone reemplazar el esquema vigente, centrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen que abarque el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; Defensa, Carlos Presti; y Economía, Luis Caputo. El Gobierno había anunciado el envío del proyecto a principios de septiembre, en el marco de su respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.
Multas y penas de prisión por explotar recursos en Malvinas
El proyecto contempla un régimen de sanciones administrativas y penales para quienes desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales en los territorios y espacios marítimos alcanzados por la iniciativa sin autorización argentina.
Entre las sanciones administrativas aparecen multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la posibilidad de suspender o cancelar permisos y habilitaciones.
También se establecen inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para determinadas actividades. En los casos vinculados con recursos naturales no renovables, las consecuencias previstas son más severas.
La iniciativa contempla penas de entre 12 y 20 años de prisión para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas previstas llegan a entre 15 y 20 años.
Además, quienes proporcionen de manera consciente bienes o servicios indispensables para estas actividades podrían recibir penas de entre cinco y siete años de prisión.
Las empresas también podrían ser sancionadas
El proyecto no apunta únicamente a quienes realicen directamente las actividades cuestionadas. También contempla sanciones para empresas, socios, accionistas, participantes y proveedores vinculados con operaciones consideradas ilegales por la normativa.
Las sociedades involucradas podrían enfrentar restricciones para contratar con el Estado, suspensión de actividades, revocación de permisos y otras medidas administrativas.
En determinados casos, la suspensión de actividades podría extenderse hasta 30 años y también se contempla la posibilidad de disolver o liquidar compañías responsables.
La iniciativa incluye además un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan con determinadas condiciones.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Más allá del capítulo específico sobre Malvinas, el proyecto propone una reforma más amplia de la estructura de Seguridad Nacional.
Para ello crea un Consejo de Seguridad Nacional que estará encabezado por el Presidente y contará entre sus integrantes permanentes con el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de funcionarios de inteligencia y del área Legal y Técnica.
El objetivo planteado por el Gobierno es coordinar las áreas diplomática, económica, militar, de inteligencia, jurídica y de ciberseguridad frente a amenazas externas.
La iniciativa también incorpora un Sistema de Seguridad Nacional y establece mecanismos para la protección de infraestructura considerada crítica para el funcionamiento del país.
Medidas económicas frente a amenazas externas
El proyecto contempla herramientas económicas que podrían utilizarse ante situaciones consideradas una amenaza grave para la Seguridad Nacional.
Entre ellas aparecen restricciones sobre determinadas operaciones financieras, transferencias, importaciones y exportaciones, además de limitaciones para acceder a determinados beneficios, permisos y contrataciones.
También se contempla la posibilidad de establecer medidas arancelarias sobre determinados productos vinculados con un Estado extranjero involucrado en una amenaza a la Seguridad Nacional.
Qué dice sobre aeronaves y buques
Otro de los capítulos establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles.
El esquema prevé una secuencia de identificación, advertencias y órdenes antes de avanzar hacia medidas de mayor intensidad. El uso de la fuerza aparece como una instancia de último recurso y requiere autorización presidencial, de acuerdo con el proyecto.
Para los buques, el texto contempla distintas etapas de intervención, que van desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia y acciones destinadas a inutilizar una embarcación.
El hundimiento queda reservado como una medida militar excepcional frente a un buque considerado hostil y requeriría autorización presidencial. A su vez, el proyecto establece que esta medida no podrá utilizarse contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.
El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso
Con el envío formal a la Cámara de Diputados, comenzará ahora el tratamiento parlamentario de la iniciativa.
El proyecto busca modificar el esquema vigente y ampliar las herramientas legales del Estado frente a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios y espacios marítimos alcanzados por el reclamo argentino.
El capítulo sobre Malvinas se encuentra vinculado al avance del proyecto petrolero Sea Lion, cuya explotación es considerada por el Gobierno argentino como una actividad no autorizada. En paralelo, el Ejecutivo anunció medidas para endurecer las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores relacionados con esas operaciones.
La iniciativa deberá atravesar ahora el debate en las comisiones de Diputados antes de avanzar hacia una eventual discusión en el recinto.