El juez que liberó a Caro, Llado y Moyano por el caso Furth quedó en la mira
El juez Gastón Merino rechazó los pedidos de prisión preventiva y dejó en libertad a los principales imputados por el presunto desfalco a la concesionaria Furth.
Se trata del Dr. Gastón Merino, el magistrado que desoyó todos los argumentos de la fiscalía y de la querella, rechazó los pedidos de prisión preventiva contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano y posibilitó su excarcelación, cuando son los principales acusados e imputados de conformar una asociación ilícita armada que perpetrar un multimillonario desfalco en la concesionaria Furth de Santiago del Estero.
Merino solo les impuso una fianza de $70 millones el exgente Gerardo Caro, el mismo monto para el exjefe de ventas Matías Caro y de $20 millones para la excajera Graciela Moyano con un par de medidas que deben cumplir como el de no salir del país y entregar sus pasaportes.
La medida, que se tomó en audiencia realizada en la mañana de hoy, jueves 24 de septiembre, generó la indignación de los fiscales del caso, del abogado querellante y de gran parte de los observadores judiciales consultados por este medio, los que más allá de la sorpresa del primer momento de conocida la resolución, opinan que el juez Merino no merituó correctamente ni la magnitud del hecho que se investiga, ni las pruebas presentadas, ni los peligros procesales que ahora surgen al estar los tres acusados en libertad.
Esos riesgos son fundamentalmente: la posibilidad de fuga porque los tres tienen los medios; y la posibilidad de que puedan entorpecer la investigación teniendo en cuenta que hubo importantes testimonios de empleados de la firma, los cuales viven en Santiago, sus domicilios son conocidos por los tres imputados, al igual que diversos clientes que se presentaron para aportar datos de la maniobra que los tiene a ellos tres como principales señalados.
Con Caro, Llado y Moyano libres, los riesgos procesales cobran una vigencia demasiada marcada como para que el juez no los haya tomado en cuenta.
La Fiscalía había presentado, documentos, videos y numerosos testimonios que habilitaban el pedido de la prisión preventiva para los tres. La querella había sumado además los resultados preliminares de una profunda auditoría interna realizada en todo el sistema de la concesionaria donde figuran pruebas de la presunta comisión de delitos y había cuantificado el total del perjuicio a la firma en más de 6 mil millones de pesos.
Para los fiscales esta actividad ilícita comenzó en el año 2024 y está probado que los tres acusados en todo ese tiempo, tuvieron poder de decisión y de acción en la entidad de calle Libertad.
Por todo ello, esta noche comenzó a hablarse de una posibilidad de que el juez Merino pudiera ser sometido a un juicio político que buscará su destitución.