Malvinas: el Gobierno busca aprobar en octubre su ley de soberanía en Diputados
La iniciativa del Ejecutivo será analizada desde el miércoles por tres comisiones de la Cámara baja. El oficialismo busca avanzar con el dictamen el 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente. La propuesta incorpora nuevas sanciones por la explotación no autorizada de recursos y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
La Cámara de Diputados comenzará esta semana el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que tiene como eje la reivindicación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El debate se iniciará este miércoles a partir de las 12, durante una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El primer encuentro tendrá carácter informativo y contará con la participación de especialistas y expositores invitados, por lo que no se prevé la firma de dictámenes.
El cronograma fue definido por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El oficialismo apunta a retomar la discusión el martes 6 de octubre, con la intención de avanzar con los dictámenes y dejar habilitado el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, mediante una sesión especial solicitada por Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza.
La iniciativa fue presentada en Diputados el 17 de septiembre y plantea que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio nacional.
Además, establece como objetivo permanente del Estado argentino recuperar esos territorios y ejercer plenamente la soberanía sobre ellos.
Uno de los principales cambios previstos está relacionado con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El proyecto propone reemplazar la normativa vigente y extender las sanciones a quienes participen en la explotación ilegítima de recursos renovables y no renovables.
En ese marco, contempla penas de entre cinco y siete años de prisión, multas de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, con conocimiento de la situación, proporcionen bienes o servicios esenciales a personas o empresas alcanzadas por la norma.
Las consecuencias también alcanzarían la actividad económica de los sancionados. Entre otras medidas, se establece la posibilidad de impedirles realizar determinadas actividades comerciales en Argentina, quitarles beneficios impositivos o previsionales, revocar habilitaciones y rescindir contratos que tengan ejecución total o parcial en el país.
También se contempla una prohibición para contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y personas o empresas radicadas en territorio argentino.
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estaría presidido por el Presidente de la Nación y tendría funciones de conducción dentro del Sistema de Seguridad Nacional.
El organismo tendría entre sus responsabilidades asesorar al Poder Ejecutivo en asuntos vinculados con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar políticas específicas correspondientes a los distintos integrantes del sistema.
El proyecto también recibió observaciones de distintos sectores. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó preocupación por el alcance de algunas de las disposiciones incluidas en la iniciativa.
La entidad reconoció como legítimos los objetivos vinculados con la defensa de la soberanía y la protección de las instituciones democráticas ante eventuales injerencias extranjeras. Sin embargo, advirtió que las herramientas utilizadas deben ajustarse a la Constitución Nacional.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la amplitud de algunas conductas que podrían ser sancionadas. Según el Colegio, ciertas disposiciones podrían presentar problemas de precisión y generar dificultades para determinar exactamente qué comportamientos quedarían alcanzados por las sanciones.
La presidenta de la institución, Alejandra García, sostuvo que la defensa de la soberanía debe desarrollarse respetando garantías constitucionales y manifestó preocupación por las posibles consecuencias sobre el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
En paralelo al inicio del tratamiento legislativo, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, difundió un documento con su posición frente al proyecto.
El espacio planteó que la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas debe estar acompañada por una estrategia de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades nacionales.
En ese sentido, señaló como áreas relevantes la inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal.
El MID también reclamó que el alcance de la iniciativa sea explicado con claridad y destacó la necesidad de respetar las atribuciones que la Constitución Nacional le asigna al Congreso.
De esta manera, el proyecto comenzará su recorrido formal en Diputados esta semana y el oficialismo buscará acelerar su tratamiento para intentar llevarlo al recinto durante la primera semana de octubre.