Tensión por Malvinas: Milei intimó al Reino Unido y pidió un arbitraje en la ONU por la explotación petrolera

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes la puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La ofensiva diplomática surge como respuesta a lo que la Casa Rosada considera una injerencia ilegítima en la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.

El ultimátum del jefe de Estado fue comunicado inicialmente a través de sus redes sociales, donde le fijó un plazo límite a la administración británica. "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", publicó el mandatario en su cuenta de X.

El freno al proyecto petrolero

Mediante un documento oficial emitido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo detalló que Milei ya impartió la orden a la Cancillería y a los equipos legales del Estado para activar el mecanismo establecido en el Anexo VII de la citada Convención internacional.

El foco principal de esta medida es paralizar la iniciativa de extracción petrolera denominada "Sea Lion", ubicada en la Cuenca Malvinas Norte, y evitar que se otorguen nuevas licencias para explorar recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina. En este sentido, si Londres no acata el requerimiento de frenar el proyecto dentro de los próximos catorce días, Argentina solicitará medidas provisionales de urgencia ante el tribunal internacional para resguardar sus intereses.

Para fundamentar su accionar, la administración libertaria se amparó en dos resoluciones clave de la Asamblea General de la ONU. Por un lado, la Resolución 2065 (XX), que reconoce la disputa de soberanía y convoca a una negociación bilateral; y por el otro, la Resolución 31/49, que prohíbe explícitamente tomar decisiones de manera unilateral que afecten el estatus de las islas. Bajo este marco jurídico, el Gobierno remarcó que las acciones británicas violan el derecho internacional y provocan un "perjuicio irreversible e irreparable" sobre los derechos soberanos de la Argentina.

Rechazo diplomático y denuncia por vuelos irregulares

En otro tramo de la comunicación, la Casa Rosada repudió enérgicamente la postura adoptada por el Reino Unido tras el reciente discurso de Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al respecto, el Gobierno enfatizó que la categoría de "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum realizado por los isleños en el año 2013 "no son reconocidos internacionalmente ni alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía".

De manera paralela, el Ejecutivo sacó a la luz una serie de irregularidades en el espacio aéreo. Según informaron, se detectaron operaciones de una aeronave con matrícula británica perteneciente a la empresa THALES UK LIMITED, la cual cubría la ruta entre las Islas Malvinas y Punta Arenas sin contar con los permisos correspondientes. Frente a este hecho, ya se pusieron en marcha gestiones diplomáticas, denuncias en el fuero penal y acciones administrativas.

El texto oficial concluyó con una contundente advertencia sobre la postura que mantendrá el país en torno al reclamo territorial: "La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional".