Denuncian a un policía por millonaria estafa con casas del IPV: habría 120 víctimas y un fraude de $500 millones

Un escándalo por presuntas estafas millonarias con adjudicaciones de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sacude a la fuerza de seguridad, luego de que un empleado del Poder Judicial denunciara formalmente a un efectivo policial de la Comisaría Sexta. Según la presentación, el uniformado habría defraudado a unas 120 personas por una suma que superaría los $500 millones.

La acusación fue radicada el pasado miércoles 23 de septiembre en la seccional 5°, situada en Muñecas al 1.600. El denunciante es un hombre de 37 años que trabaja en el ámbito judicial desde el año 2010. De acuerdo con la información difundida por Tendencia de Noticias, el monto global reportado incluye tanto transferencias bancarias como entregas de dinero en efectivo. Tras conocerse el caso, la fuerza dictaminó que el policía involucrado sea puesto en disponibilidad, mientras la Fiscalía de Delitos Complejos avanza con la pesquisa.

El modus operandi y los primeros pagos

En su relato ante las autoridades, el empleado judicial explicó que conocía al efectivo desde la época en que ambos coincidían por cuestiones laborales en la morgue judicial. Tras un tiempo sin contacto debido a un traslado de dependencia, el policía lo habría contactado vía WhatsApp en noviembre del año pasado.

Durante esos intercambios, el uniformado le aseguró tener los contactos necesarios para facilitarle una casa del IPV. Como sustento de esa promesa, argumentó que su madrastra trabajaba en el sector de Acción Social de la Legislatura, desde donde entregaba boletos gratuitos. Las viviendas ofrecidas supuestamente se ubicaban en los barrios de Lomas de Tafí, San Andrés o Manantial Sur.

El costo inicial exigido para arrancar la gestión era de $2 millones, con el compromiso de abonar otros $2 millones al momento de la adjudicación. El denunciante admitió que, al no contar con los fondos, recurrió a ahorros familiares y solicitó un préstamo. Tras realizar la transferencia, el policía le habría confirmado que su propiedad ya estaba reservada.

La captación de víctimas y el aumento de los montos

Poco tiempo después, el efectivo policial le planteó al empleado la posibilidad de armar "varias carpetas" para sumar a otros beneficiarios. Para ello, le exigió total discreción y que solo involucrara a su círculo de extrema confianza. Ante esto, el denunciante sumó a un primo y a su cuñada, quienes habrían transferido $4 millones cada uno, elevando la recaudación inicial de ese círculo a $10 millones.

Con el correr de los meses, el policía le informaba sobre la supuesta apertura de nuevos cupos, alentando la llegada de más interesados. En la mecánica descripta, gran parte de las víctimas depositaban los fondos en la cuenta del trabajador judicial, quien luego los reenviaba al uniformado. En esta etapa de expansión del presunto engaño, las tarifas solicitadas habrían escalado hasta los $5 millones por persona.

El denunciante indicó que decidió compartir la oferta con amigos, familiares y conocidos pensando que los estaba ayudando a conseguir un techo propio. El anzuelo era firme: el uniformado garantizaba que las primeras llaves se entregarían entre febrero y marzo de este año.

Plazos vencidos, excusas y una reunión fallida

Cuando las fechas prometidas pasaron sin que se concretara ninguna entrega, los aportantes comenzaron a exigir respuestas. El empleado judicial trasladaba los reclamos al policía, quien se excusaba alegando falta de documentación o supuestos trámites burocráticos pendientes.

La situación de tensión llegó a un punto crítico en julio, cuando se organizó una reunión en la casa del suegro del denunciante para dar explicaciones. El trabajador judicial pasó a buscar al uniformado por su domicilio y lo llevó al encuentro. Sin embargo, al llegar al lugar, el policía se habría encerrado en una habitación, negándose a enfrentar a los damnificados. Finalmente, fueron el empleado y su esposa quienes tuvieron que contener las quejas de los presentes.

Tras aquel tenso episodio, el efectivo policial se dirigió al denunciante con una justificación. Según consta en la denuncia, le dijo: "Hermano, se me cerraron muchas puertas".

Como nueva vía de escape, el policía fijó una posible fecha de entrega para el 21 de julio, haciendo coincidir el plazo con un acto político de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Dicha promesa tampoco se materializó, y las posteriores visitas del damnificado a la casa del acusado en Alderetes solo derivaron en nuevas evasivas.

Pruebas presentadas y futuro del expediente

Para respaldar su acusación, el empleado judicial aportó a la Justicia una importante cantidad de evidencias. El listado incluye capturas de transferencias, comprobantes de pago en efectivo y un detalle de los alias y cuentas bancarias utilizadas en plataformas como Mercado Pago, Brubank y Banco Macro. También entregó copias de los DNI, recibos de sueldo y actas de nacimiento y matrimonio de las presuntas víctimas.

En su declaración, el trabajador enfatizó que jamás cobró ningún tipo de comisión por oficiar de nexo y que su única motivación era asegurar una vivienda para su familia. Además, reveló que a raíz de esta conflictiva situación perdió su fuente laboral, y adelantó que acudirá nuevamente a los tribunales junto a otros afectados para ampliar la presentación.

Ahora, será tarea de la Fiscalía de Delitos Complejos rastrear la ruta del dinero, confirmar el número exacto de afectados y determinar las responsabilidades penales de los involucrados en el marco del debido proceso judicial.