Furth: indagaron a nuevos detenidos mientras se aguarda la resolución de la Cámara
Adriana Montoya y Diego Spertino, acusados de integrar una asociación ilícita, negaron ser parte de una organización o de haber recibido dinero.
Este jueves será una jornada clave en la Cámara de Apelaciones por el sonado caso de la multimillonaria defraudación en la concesionaria Fürth Automotores de la ciudad capital de Santiago del Estero.
El Tribunal resolverá el futuro del exgerente Gerardo Caro, del jefe de ventas Matías Llado y de la cajera Graciela Moyano tras la apelación presentada por la Fiscalía a la decisión del juez Merino de dejarlos libres.
Mientras tanto, la investigación del millonario desfalco Furth sigue firme. La fiscal Victoria Ledesma tomó ayer declaración indagatoria a los dos últimos detenidos por la defraudación.
Adriana Montoya, exencargada de gestoría y emisión de recibos, y Diego Spertino, exempleado del área de Ventas y Plan de Ahorros, fueron trasladados a las instalaciones del MPF. A ambos se les atribuyó formalmente la comisión de los delitos de asociación ilícita en concurso real y estafa en perjuicio de la concesionaria.
Durante el acto procesal, Montoya —asistida por la abogada Mariela Gauna— rechazó la acusación de integrar la supuesta banda delictiva. A pesar del hermetismo en los tribunales, trascendió que la sospechosa brindó una declaración breve y dejó asentado que solicitará una ampliación de su testimonio en los próximos días.
Por su parte, Spertino, representado por el Dr. Miguel Torres, prestó un testimonio extenso en el que negó su participación en la trama ilícita. Precisó que actualmente se desempeña en ventas de salón desde hace siete meses, habiendo cumplido tareas con anterioridad como responsable del sector de "Plan de Ahorros".
A su turno, la fiscalía le atribuyó una maniobra de defraudación por una venta en 2024, dinero que no ingresó a las arcas de la concesionaria.
Spertino deslindó responsabilidades al argumentar que en ese período no integraba el equipo de ventas, atribuyó la operación a su colega Llado y aseguró no conocer a la supuesta clienta. Interrogado por dos giros bancarios de $400.000 y $1.000.000 provenientes de Llado —su jefe directo—, el imputado justificó que obedecían a un préstamo personal entre pares.
Asimismo, aseveró no haber percibido dinero en efectivo de clientes, remarcando que las cobranzas se canalizaban directamente mediante transferencias a la empresa o a Caro.
Paralelamente, la defensa técnica de Graciela Moyano, a cargo de Javier Leiva, interpuso un recurso de habeas corpus exigiendo la inmediata liberación de su asistida. La presentación fundamenta una detención presuntamente ilegal, sosteniendo que la Justicia de Control y Garantías ya le otorgó el beneficio de la excarcelación el pasado jueves. Leiva presentó su escrito ante ante el juez de Control y Garantías Dr. Darío Alarcón.
La jornada del jueves representará el "Día D" para el expediente judicial, cuando la Cámara de Apelaciones dictamine el futuro procesal de los primeros tres acusados de la causa.
El pronunciamiento del tribunal de alzada determinará de forma definitiva si los imputados continuarán tras las rejas o si esperarán el proceso judicial en libertad.