Malvinas: cómo es el inédito reclamo internacional de la Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion
La Cancillería iniciará un proceso de arbitraje para solicitar medidas cautelares que detengan la exploración de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido. El objetivo del Gobierno es proteger los recursos en la zona de disputa mientras se define la controversia de fondo.
El Gobierno nacional pondrá en marcha una estrategia jurídica inédita en el ámbito del derecho internacional para intentar bloquear el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas. La iniciativa busca presionar al Reino Unido, a las autoridades isleñas y a las empresas privadas involucradas en la exploración y explotación de la zona.
Tras un exhaustivo análisis por parte de expertos en derecho marítimo, la Cancillería argentina resolvió acudir a un arbitraje internacional. El eje de la estrategia radica en exigir medidas provisionales que detengan las actividades de manera inmediata, a la espera de que se resuelva la cuestión de fondo.
El marco legal de la CONVEMAR
El reclamo nacional se ampara en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado originado en diciembre de 1982 y vigente desde noviembre de 1994. Al suscribirse a este acuerdo, cada Estado debe elegir una jurisdicción para dirimir futuros conflictos, existiendo cuatro alternativas: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (con sede en Hamburgo, Alemania), la Corte Internacional de Justicia (en La Haya, Países Bajos), un arbitraje general de juristas o un arbitraje especial de expertos científicos.
Mientras que la Argentina eligió como prioridad al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Reino Unido se inclinó por la Corte Internacional de Justicia. Al no existir coincidencia en la jurisdicción seleccionada, la convención estipula la creación de un tribunal arbitral "ad hoc". Este cuerpo requerirá un árbitro designado por cada país y otros tres acordados mutuamente.
La conformación de este tribunal especial puede demorar hasta seis meses, y el proceso completo hasta alcanzar un fallo vinculante —conocido como laudo— podría extenderse durante años.
La vía rápida: el pedido de medidas cautelares
Debido a los extensos plazos del proceso de fondo, la Argentina solicitará medidas cautelares directamente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Al ser un órgano de carácter permanente, no requiere una conformación especial para tratar el pedido urgente. Se trata del mismo tribunal que en octubre de 2012 le ordenó a Ghana la liberación incondicional de la Fragata Libertad retenida en el Puerto de Tema.
Los equipos técnicos nacionales argumentarán que la suspensión de las actividades de Sea Lion es imperiosa, ya que se están poniendo en riesgo recursos naturales no renovables en un área que las propias Naciones Unidas reconocen como una zona en disputa.
Plazos y escenarios posibles
Una vez presentada la solicitud, el tribunal con sede en Hamburgo tendrá un plazo de un mes para expedirse sobre la medida provisional. El interrogante principal de la estrategia es si el organismo aceptará el caso o si decidirá excusarse, bajo el argumento de que el conflicto responde a una cuestión de soberanía territorial y no a un diferendo estrictamente marítimo.
Fuentes oficiales reconocen que la decisión de avanzar por esta vía es una de las posturas más audaces adoptadas por la Argentina en materia de derecho internacional. De conseguir un resultado favorable, el país lograría establecer un antecedente fundamental para futuros litigios vinculados a la explotación de recursos alrededor de las islas.