Revés judicial en EE.UU.: avalan embargos contra la Argentina por el caso Aerolíneas y encienden las alarmas por millonarios juicios
Un tribunal de Washington autorizó al fondo Titan Consortium a buscar activos en el exterior para cobrar un laudo del CIADI por más de US$390 millones. La decisión presiona de lleno sobre el Presupuesto 2027 y expone al país a una serie de millonarios litigios internacionales.
La Argentina sumó un nuevo y delicado frente en el plano judicial internacional luego de que la justicia de Estados Unidos ratificara un millonario laudo arbitral vinculado a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Este revés judicial altera de manera directa las proyecciones fiscales y obligó al Gobierno a incluir por primera vez en el Presupuesto 2027 una partida específica de US$1.100 millones destinada a afrontar sentencias firmes en tribunales extranjeros.
De acuerdo con fallos recientes, un tribunal del distrito de Columbia autorizó al fondo litigante Titan Consortium a rastrear y embargar activos argentinos en el exterior con el objetivo de ejecutar el pago de más de US$390 millones en concepto de capital e intereses, una resolución que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —el tribunal del Banco Mundial— había dictado hace casi una década.
Si bien la defensa nacional cuenta con instancias de apelación y herramientas para intentar frenar la medida, el fallo sienta un peligroso precedente y pone bajo la lupa los múltiples frentes adversos que el país arrastra en tribunales internacionales, una herencia de crisis pasadas y renegociaciones contractuales caídas.
El mapa de los laudos y las millonarias demandas
Con la confirmación del caso Aerolíneas, se consolida un grupo de cuatro expedientes con laudo en contra que ya superan distintas instancias judiciales y se acercan peligrosamente al monto total apartado en las previsiones presupuestarias. Entre ellos figuran los reclamos de la constructora italiana Webuild por la pesificación del puente Rosario-Victoria (con montos habilitados por US$123 millones bajo revisión de anulación); la demanda de la francesa Saur International por US$72 millones tras la rescisión de Obras Sanitarias Mendoza; y el gigantesco litigio de la estadounidense AES Corporation por US$716 millones por la represa de Alicurá.
A este escenario se le suman otros litigios caratulados como "pendientes" en el CIADI, foro donde la Argentina acumula una de las tasas de litigiosidad más altas del mundo: el país perdió el 86% de los casos resueltos y enfrenta reclamaciones globales que superan los US$10.046 millones, originadas mayoritariamente tras la salida de la convertibilidad en 2001.
Entre los expedientes abiertos más resonantes destaca el proceso iniciado por los fondos Petersen y Eton Park —patrocinados por Burford Capital— tras el extenso litigio por YPF, además de demandas activas de multinacionales por concesiones viales como el Grupo Abertis e IJM Corporation, litigios por terrenos como BA Desarrollos y reclamos previsionales de aseguradoras extranjeras.
El impacto institucional y financiero
La acumulación de estos fallos adversos obliga al Estado a redoblar esfuerzos defensivos en el exterior, mientras los acreedores intensifican los pedidos de reconocimiento de deudas para avanzar sobre bienes soberanos. La inclusión de los fondos específicos en el cálculo de gastos proyectado para 2027 refleja que el costo de los litigios internacionales pasó a ocupar un rol central en la estrategia macroeconómica del país, que intenta evitar embargos comerciales y financieros críticos para la estabilidad externa.