Derrumbe bursátil de Rockhopper en Londres por las sanciones y el frente judicial argentino contra el proyecto Sea Lion en Malvinas
Las acciones de la compañía británica se hundieron casi un 20% en la Bolsa londinense. Su socia Navitas Petroleum busca sustitutos tras la baja de contratistas, mientras Argentina suma medidas administrativas, un fallo judicial en Río Grande y una presentación internacional ante la CONVEMAR.
El mercado financiero británico propinó este lunes un duro revés a Rockhopper Exploration. En el inicio de las operaciones matutinas en la Bolsa de Londres, la firma experimentó un desplome del 19,7% en sus papeles, en un escenario atravesado por crecientes dudas operativas y la creciente presión legal y regulatoria impulsada por la República Argentina respecto de la cuenca hidrocarburífera ubicada al norte de las Islas Malvinas.
La baja profundiza una trayectoria negativa iniciada semanas atrás, impulsada por la política más rigurosa adoptada por la gestión de Javier Milei hacia las corporaciones que operan en el área sin aval oficial. La cotización de la petrolera ya había registrado una merma combinada cercana al 8% en las dos primeras jornadas de octubre, luego de haber cerrado septiembre con un retroceso de aproximadamente el 18%.
Contratistas caídos y riesgos latentes para el consorcio
En paralelo al movimiento bursátil, Rockhopper difundió una actualización sustentada en un reporte de la compañía israelí Navitas Petroleum —operadora del desarrollo con el 65% de participación, frente al 35% que conserva la empresa británica—. El documento admitió formalmente que el Estado argentino prosigue con la aplicación de sanciones contra entidades asociadas a Sea Lion y a la extracción de recursos en el archipiélago.
A raíz de este escenario, Navitas comunicó la determinación de una firma contratista de apartarse de los trabajos de exploración y producción previstos para la zona. Como respuesta, la operadora inició gestiones para sustituir a dos prestadores que no cumplieron con sus compromisos pactados e implementar los ajustes pertinentes que eviten frenar la actividad.
Aunque los socios del proyecto declararon que no aguardan por el momento un perjuicio material adverso —amparándose en el respaldo político de Londres y de las autoridades locales de las islas—, reconocieron factores de riesgo. Entre ellos, detallaron la posibilidad de experimentar demoras o frustraciones al intentar reemplazar a los contratistas salientes, obstáculos para concretar adaptaciones técnicas o eventuales renuncias de otros participantes que no logren ser sustituidos. Asimismo, el consorcio incorporó en su análisis el riesgo de una profundización de las sanciones argentinas o modificaciones en materia regulatoria y geopolítica.
El cronograma operativo frente a la disputa de soberanía
A pesar de los contratiempos, las compañías ratificaron que mantienen vigente su esquema de trabajo. La iniciativa está planificada por fases e incluye el inicio de perforaciones hacia principios de 2027, con un primer tramo de 11 pozos orientado a comenzar la extracción en el primer trimestre de 2028, con picos proyectados de 55.000 barriles por día.
En su balance de mitad de año elevado a las autoridades de la Bolsa de Londres, Rockhopper había ratificado sus intenciones de avance y expuso que el Reino Unido y el gobierno isleño consideran las medidas argentinas "ilegítimas" y carentes de fundamento legal. Al mismo tiempo, la petrolera concedió que las advertencias y medidas de la administración de Milei contra entidades e individuos del rubro derivaron en un incremento de la visibilidad pública y política de sus operaciones.
Presión judicial en Río Grande y reclamo en foros internacionales
La estrategia del Gobierno nacional contra la explotación en aguas bajo disputa de soberanía no se limita a sanciones administrativas. En el fuero legal, Mariel Borruto, jueza federal con asiento en Río Grande, dictó una orden cautelar —tras un reclamo donde intervinieron excombatientes de Malvinas— que impone a Rockhopper y a Navitas la suspensión inmediata de las tareas vinculadas al yacimiento y les demanda el envío de precisiones sobre el plan de operaciones.
En el plano diplomático, el Estado argentino avanza en el armado de un procedimiento arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La meta es requerir medidas de carácter provisorio ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para congelar el avance de Sea Lion mientras se estructura el tribunal que analizará la controversia de fondo entre Argentina y el Reino Unido.
En ese marco, desde el Foreign Office se comunicó al Parlamento británico que cualquier futuro permiso para la exploración y extracción de gas o crudo en las Islas Malvinas deberá pasar obligatoriamente por la autorización del gobierno central de Londres.