El Gobierno apelará el fallo que declaró inconstitucional el freno a la Ley de Financiamiento Universitario
La administración de Javier Milei buscará revertir la decisión del juez federal Martín Cormick, quien obligó al Poder Ejecutivo a ejecutar de forma inmediata los fondos para salarios, becas e investigación.
El Ejecutivo nacional adelantó este martes que recurrirá el fallo de primera instancia que ordenó poner en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario y dictaminó la inconstitucionalidad del decreto firmado por Javier Milei que frenaba su instrumentación.
La medida fue dispuesta por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, al hacer lugar a las acciones de amparo impulsadas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta decisión judicial obliga al Poder Ejecutivo a habilitar las partidas de la norma sancionada en 2025, que contemplan recursos para investigación, becas, salarios y funcionamiento institucional.
En su resolución, el magistrado anuló la cláusula específica del decreto 759/2025 que ataba la aplicación de la legislación a la disponibilidad de recursos en el presupuesto. Asimismo, exigió al Gobierno establecer las reglamentaciones precisas para asegurar su "cumplimiento inmediato".
Los fundamentos del revés judicial
Para el juez de la causa, la maniobra del oficialismo resultó "extraconstitucional", ya que funcionaba como un mecanismo para bloquear una legislación previamente ratificada por el Congreso. Cormick argumentó que el artículo 9 de la propia ley ya prevé las herramientas para su fondeo, tales como la reasignación de partidas presupuestarias o la utilización de ingresos corrientes excedentes, garantizando que no se afecte la coparticipación de las provincias.
Cabe recordar que la normativa obtuvo sanción definitiva en agosto de 2025 por iniciativa opositora. Tras sufrir el veto presidencial, el Senado y la Cámara de Diputados reunieron los votos necesarios para insistir con su aprobación, obligando al oficialismo a promulgarla en octubre a través del mencionado decreto. No obstante, la gestión libertaria trabó su ejecución hasta que el ámbito legislativo definiera las fuentes de financiamiento. Sobre el impacto fiscal de la medida, el fallo cita datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó el costo de la ley en un 0,23% del PBI para 2025.
La batalla por las cautelares y el atraso salarial
La actual disputa de fondo ya contaba con antecedentes en el mismo expediente. En diciembre de 2025, el magistrado dictó una medida cautelar para aplicar sin demoras los artículos 5 y 6 (referidos a becas estudiantiles y recomposición de sueldos docentes y no docentes). Tras la confirmación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la Corte Suprema desestimó el 25 de junio un recurso extraordinario interpuesto por el Estado. De este modo, la orden preventiva quedó firme.
Frente a este escenario, la administración nacional argumenta que se encuentra a derecho. El 10 de junio rubricó un acta con el CIN y los sindicatos que pautaba una mejora del 24,33% para la masa salarial y del 20% para gastos de funcionamiento. Con esa base, el Gobierno solicitó levantar la medida cautelar, planteo que el juez denegó el 1 de septiembre por considerar que no se había acreditado una solución definitiva a la pérdida de poder adquisitivo.
Las conversaciones volvieron a empantanarse el 17 de septiembre. El oficialismo ofertó un 3% extra y anunció que lo liquidaría unilateralmente pese al rechazo de los gremios.
Ante esta falta de resolución, Cormick advirtió hace dos semanas que "no existe cumplimiento total" y otorgó un plazo de cinco días al Ejecutivo para acatar el fallo, bajo apercibimiento de cobrar multas diarias. Las autoridades pidieron revocar esa intimación argumentando que las subas acumuladas desde diciembre de 2023 (226,8%) superaron a la inflación tomada como referencia hasta agosto de 2025 (226,46%).
El juez cuestionó la fórmula de cálculo oficial y señaló que no se demostró una actualización acorde a las variables de la ley. Además, invalidó la postura gubernamental que reducía las becas universitarias únicamente al programa Manuel Belgrano (cuyo monto se fijó en $187.495 mensuales para este año). Finalmente, el 30 de septiembre, la Justicia reconoció apenas un acatamiento parcial del fallo y otorgó un nuevo plazo de cinco días a la Casa Rosada, detalla el portal de Todo Noticias.