La Justicia procesó a Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, por enriquecimiento ilícito
El exfuncionario kirchnerista sufrió un duro revés judicial luego de que el juez Julián Ercolini detectara un incremento patrimonial injustificado. Afrontará el proceso en libertad mientras espera el juicio oral por la causa de los Cuadernos.
La Justicia Federal dispuso el procesamiento de Roberto Baratta, exfuncionario y hombre de máxima confianza del exministro Julio De Vido, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito. La medida, dictada por el juez Julián Ercolini, incluye además un embargo sobre sus bienes que asciende a la suma de 1.500.000.000 de pesos.
Este nuevo revés judicial se suma al complejo panorama legal del exintegrante del Ministerio de Planificación Federal, quien en paralelo se encamina hacia el juicio oral en el marco de la causa de los "Cuadernos de las coimas", expediente en el cual está señalado como un presunto recaudador.
Procesamiento sin prisión preventiva
A pesar de la gravedad de la imputación económica, el magistrado resolvió que Baratta transite esta etapa de la investigación en libertad. Ercolini fundamentó su decisión al explicar que no halló elementos para inferir que el exfuncionario "no intentará eludir el accionar de la Justicia ni entorpecerá, al continuar en libertad, el trámite de la investigación".
En la misma línea, el juez remarcó que durante la instrucción no se detectaron "circunstancias de excepción reales y concretas que hagan indispensable la aplicación de una medida cautelar coercitiva".
Los números del incremento patrimonial
El eje central del expediente radica en el crecimiento de los bienes de Baratta, el cual no guarda relación con sus ingresos oficiales. En el escrito, Ercolini detalló que el exfuncionario "habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada entre el día 28 de mayo del año 2003 y el día 10 de diciembre del año 2017; período durante el cual ejerció la función pública como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación cargo que desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2015 y durante los dos años subsiguientes a su cese".
Al cruzar los datos financieros, la Justicia encontró números en rojo que exponen la maniobra. El magistrado advirtió que dicha evolución "carecería de sustento en tanto la resultante obtenida a partir de la confrontación entre sus ingresos legítimos, debidamente registrados y comprobables, y las aplicaciones de fondos efectivamente verificadas arroja saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y 2012 a 2017, los que acumulados a lo largo de todo el lapso imputado ascienden a la suma de $4.678.496,90, lo que evidencia la existencia de desfasajes entre los recursos declarados y las erogaciones detectadas en el presente expediente".
Propiedades, vehículos y dinero en efectivo bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, la operatoria para absorber el presunto dinero ilícito se materializó a través de la compra de inmuebles y rodados. Estas adquisiciones no solo figuran a nombre de Baratta, sino también de su círculo familiar más íntimo: su esposa, Dalina Bielle, y su madre, Marta Rosa Girola. A esto se le añade, según destaca la resolución, "la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera".
El listado de bienes que se encuentran bajo el escrutinio judicial incluye cocheras y departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, diversos vehículos y una destacada propiedad ubicada en el Country Mapuche, en el partido bonaerense de Pilar.
Sobre este último inmueble (un lote con vivienda), la Justicia reconstruyó que la compra del predio se concretó el 19 de septiembre de 2012 mediante un pago de 70.000 dólares en efectivo. Posteriormente, la edificación de la casa tasada en aproximadamente 3.700.000 pesos se abonó también de contado en el período comprendido entre diciembre de 2012 y enero de 2015, registrando la titularidad a nombre de la madre de Baratta.
Analizando estos movimientos, Ercolini precisó que "en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11". Sin embargo, el juez fue categórico al sentenciar que "ese reconocimiento resulta relevante, pero no explica la totalidad de la inversión".