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Policiales

La Banda: le dio un cabezazo a su pareja y atacó a su hijastra de 13 años

El acusado deberá cumplir con una régimen de conducta (Foto El Liberal).

El agresor fue liberado con caución juratoria tras la solicitud de su defensa y el visto bueno de la fiscalía. Estaba detenido por una brutal agresión motivada por el consumo de sustancias. La jueza Luciana Oyola le impuso 180 días de restricciones, entre ellas, una perimetral y un posible dispositivo dual.

En una audiencia celebrada recientemente en la Oficina de Gestión de Audiencias de La Banda, la jueza de Control y Garantías, Dra. Luciana Oyola, resolvió otorgar la excarcelación para un joven acusado de protagonizar un violento episodio de violencia de género en perjuicio de su concubina y de la hija de ella, una menor de 13 años.

La liberación bajo caución juratoria fue solicitada por el abogado defensor del imputado, Dr. Marcelo Soriano, y contó con el dictamen favorable del fiscal de la causa, Dr. Álvaro Yagüe, quien consideró que, tras un mes de investigación y los peligros procesales habían cesado.

El brutal ataque: de un juego de mate a las agresiones físicas

Según consta en la denuncia que originó la detención, la víctima y el acusado mantenían una relación desde hacía un año y convivían en una casa prestada, propiedad de la madre del acusado, junto a los cuatro hijos que la mujer tiene de una relación anterior.

El calvario se desató alrededor de las 21 horas, cuando el imputado le exigió dinero a su pareja para comprar sustancias prohibidas. Ante la falta de efectivo, la mujer le entregó un juego de mate para que lo vendiera y así evitar que se pusiera agresivo, producto de su adicción. Sin embargo, Barraza regresó furioso al no poder comercializar el objeto.

De acuerdo con el relato de la damnificada, el sujeto comenzó a insultarla y a propinarle golpes a mano abierta cada vez que pasaba cerca de ella. Pese a las súplicas de la mujer, que le pedía que se detuviera porque sus hijos estaban presentes, el agresor le retorció la mano izquierda hasta inmovilizarle los dedos.

La violencia continuó en la habitación. Mientras el acusado buscaba más pertenencias para vender, la mujer intentó frenarlo, lo que desató una respuesta salvaje: el atacante le asestó un cabezazo en la nariz, provocándole un sangrado inmediato.

El nivel de agresividad no terminó allí. Cuando la hija de la víctima, de 13 años, pasó cerca del sujeto, este la tomó violentamente de los brazos y se los dobló. Ante esta situación, y temiendo por la integridad de toda su familia, la mujer decidió llamar a la policía.

Amenazas de muerte y daños materiales

Al verse acorralado por la inminente llegada de los efectivos, el agresor comenzó a vociferar que no le tenía miedo a la policía. En un ataque de furia, agarró un televisor de 43 pulgadas color negro y le rompió las patas de plástico, advirtiendo que no la dejaría sacar ninguna de sus pertenencias de la vivienda. Además, la amenazó gravemente asegurando que, cuando saliera en libertad, la iba a prender fuego donde la encontrara.

La víctima reveló en sede policial que era la primera vez que se animaba a denunciarlo, ya que la familia del acusado la amenazaba constantemente con echarla a la calle junto a sus hijos si lo hacía, aprovechando que residían en una casa perteneciente a su suegra.

Las condiciones para su liberación

Tras evaluar las evidencias reunidas por el Ministerio Público Fiscal —que incluyen constatación de daños, parte informativo y planilla de antecedentes—, la jueza Oyola dictó la libertad del acusado, pero lo sujetó a un estricto régimen de conducta por el término de 180 días.

El acusado deberá fijar residencia en el barrio 25 de Mayo, en el domicilio de su madre. Además, como la víctima se encuentra actualmente en la provincia de Mendoza pero tiene intenciones de regresar, la magistrada ordenó a la fiscalía que se comunique con ella. En caso de que la mujer retorne a Santiago del Estero, se procederá a la colocación inmediata de un dispositivo dual (tobillera/botón antipánico) para el agresor.

Entre las medidas restrictivas impuestas por la Justicia, el sujeto tiene:

Prohibición de acercamiento a 500 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo y espacios que frecuente.

Cero contacto personal, telefónico o mediante redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp), incluso a través de terceras personas.

Prohibición total de portar armas de fuego.

Obligación de comparecer ante la OMAS cada 30 días.

Exigencia de iniciar un tratamiento contra sus adicciones en la ETAV.

Prohibición de consumir alcohol en exceso y estupefacientes.

Prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial previa.

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