Corte Suprema: designan conjueces y se aceleran los plazos para definir la validez del DNU sobre la Ley de Tierras
El máximo tribunal eligió a dos magistrados para destrabar la votación y fijó un plazo de 24 horas para que la conformación quede consentida, en medio de cuestionamientos ambientales e indígenas a la normativa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó en la conformación del tribunal que evaluará la derogación de la Ley de Tierras, luego de que los ministros actuales no lograran la unanimidad requerida en torno al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Con el objetivo de destrabar el expediente, el máximo tribunal designó a dos conjueces y redujo a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida.
La elección de los conjueces y los plazos procesales
Para destrabar el debate en torno a la constitucionalidad de la norma, la Corte Suprema convocó a Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y a Juan Ignacio Pérez Curci, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Según precisaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal resolvió acortar a 24 horas el plazo para que esta conformación quede firme "en atención a las particulares circunstancias de la causa". Esta decisión se tomó debido a que los tres miembros actuales de la Corte no alcanzaron un acuerdo unánime sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23, el cual dispuso la derogación de la Ley de Tierras.
El origen del reclamo judicial
El litigio comenzó en diciembre de 2023 con una presentación judicial realizada en los tribunales federales de Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie. La organización interpuso una demanda para que la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional sea declarada inconstitucional y nula.
De acuerdo con los argumentos de la entidad demandante, la eliminación de la ley vulnera la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, además de lesionar los derechos territoriales y colectivos de los pueblos originarios.
Tras su inicio en Bariloche, el expediente fue girado a la Cámara Federal de La Plata, instancia en la cual el planteo de fondo tampoco llegó a ser tratado. Con la reciente designación de los conjueces, las actuaciones pasaron formalmente a la órbita de la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre la cuestión.
El movimiento en este expediente se produce luego de que el máximo tribunal resolviera rechazar un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En aquella ocasión, los ministros desestimaron la presentación al considerar que la institución carecía de legitimación para promover la acción y que no existía una controversia jurídica susceptible de ser resuelta.