Fallo clave de la Corte Suprema: suspenden la derogación de la Ley de Tierras y vuelven los límites a extranjeros
A través de una medida cautelar interina dictada con conjueces, el máximo tribunal frenó los efectos sobre la Ley 26.737 en el marco de un reclamo ambiental y de comunidades originarias.
En una resolución de alto impacto judicial e institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso frenar de manera provisional la derogación de la Ley de Tierras. Mediante una medida cautelar interina, el tribunal supremo resolvió reactivar las limitaciones vigentes para la compra de inmuebles rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Con este pronunciamiento, las restricciones contempladas en la Ley 26.737 recuperan plena vigencia mientras se sustancia el fondo del debate.
El origen de la demanda y el reclamo ambiental
La causa judicial fue promovida de forma conjunta por la Asociación Civil Árbol de Pie y agrupaciones de pueblos originarios, entre las que figuran las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. El expediente guarda conexidad directa con el amparo colectivo iniciado previamente por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
En su presentación ante los estrados, los demandantes solicitaron una aclaratoria formal para "que se precise" el alcance concreto de las decisiones previas sobre su caso, considerando que el trámite marchaba en paralelo al proceso del CECIM.
Al evaluar la cautelar, los magistrados determinaron que los planteos de la entidad civil involucran de manera directa "asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental".
Convocatoria de conjueces y resolución acelerada
La definición en el máximo tribunal demandó un mecanismo especial para conformar una postura mayoritaria, debido a la falta de consenso unánime entre los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Frente a este escenario, se llevó a cabo un sorteo de conjueces en el que resultaron designados Diego Barroetaveña, magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Mendoza.
Para resolver la cuestión con celeridad, el cuerpo acortó a solo 24 horas el período habilitado para eventuales recusaciones, un procedimiento que de ordinario se extiende durante 72 horas. Tras esta aceleración de plazos procesales, la Corte Suprema selló el fallo que restituye los topes legales a la titularidad foránea sobre el territorio nacional.