Fraude con casas "llave en mano": allanan una empresa y detienen a cuatro personas
La fiscalía especializada desarticuló una presunta asociación ilícita que habría provocado un perjuicio de más de $ 1.000 millones a través de falsos contratos de construcción "llave en mano" y venta de terrenos. Entre los acusados se encuentra el presunto cabecilla y un agente de una fuerza nacional.
Un nuevo expediente judicial por delitos económicos sacudió a los tribunales de Tucumán. Cuatro personas resultaron aprehendidas y quedaron bajo régimen de prisión preventiva acusadas de conformar una presunta red delictiva que, desde el año 2021, habría concretado al menos 13 defraudaciones por un monto estimado superior a los $ 1.000 millones.
La pesquisa penal, considerada una de las más voluminosas de los últimos tiempos en el fuero provincial, se tramita en la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 1, bajo la conducción del fiscal Diego López Ávila. El eje de las sospechas recae sobre la actividad comercial desplegada bajo el nombre de fantasía CONSTRU Servicios SAS, sociedad que habría servido como fachada para captar fondos de damnificados.
Los procedimientos se concretaron el martes 8 de octubre mediante una serie de allanamientos simultáneos en diversos inmuebles. En las inspecciones, las fuerzas de seguridad incautaron documentación y dispositivos que quedaron a resguardo judicial para su análisis pericial, al tiempo que se efectivizó la captura de cuatro sospechosos.
Los roles en la presunta organización y el señalamiento del líder
De acuerdo con la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, la trama habría articulado un esquema con funciones diferenciadas entre socios comerciales, allegados directos y parientes de los imputados. Hasta el momento, el expediente acumula 14 hechos formalmente atribuidos a los integrantes de la supuesta asociación ilícita.
Entre los arrestados figura Carlos Marcelo Morales, sindicado por los investigadores como el presunto cabecilla de la maniobra defraudatoria. Asimismo, dentro del cuadro probatorio que maneja la fiscalía aparece involucrado un miembro perteneciente a una fuerza de seguridad nacional.
Audiencia maratónica y dictado de prisión preventiva
Durante la jornada del mismo martes 8 de octubre, el caso tuvo su correlato procesal en una audiencia de formulación de cargos que se extendió por más de cinco horas y fue presidida por el juez Augusto Paz Almonacid.
En esa instancia, el fiscal López Ávila atribuyó a los imputados los delitos de asociación ilícita, estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos acordados, ilícitos a los que también se añaden pesquisas por libramiento de cheques sin fondos. Pese a que los defensores técnicos, Pablo Gustavo Caram y José Eduardo Gaitán, plantearon reparos para morigerar la situación cautelar, el magistrado resolvió ordenar la prisión preventiva para los cuatro implicados.
En representación de las víctimas, interviene un nutrido equipo de letrados querellantes integrado por Juan Andrés Robles, Facundo José Vasile, María Rosarios Farías, Guillermo Crivillon Piazza, Héctor Pinillo Ruiz, Jesús Manuel Ruiz Flores, María José Ovando, José Galip Falcón y Fabricio Caruso.
El modus operandi: viviendas "llave en mano" y operaciones inmobiliarias
El mecanismo investigado consistía en ofrecer contratos para la edificación de propiedades bajo la modalidad de entrega "llave en mano", además de gestionar transacciones relacionadas con automotores y loteos de terrenos.
A cambio de la promesa de obra, las víctimas efectuaban desembolsos en efectivo, sumas en moneda extranjera, vehículos, mercadería y cesión de derechos sobre propiedades. Según el dictamen fiscal, los responsables captaban estos recursos a sabiendas de que carecían de capacidad operativa y financiera para cumplir los compromisos.
Para generar credibilidad, la estructura se apoyaba en el andamiaje formal de la constructora, mientras presuntamente disimulaba su insolvencia económica y la falta de titularidad legal sobre los lotes comercializados. De forma paralela, el círculo de allegados y parientes habría intervenido en la circulación de fondos para postergar los reclamos y ganar tiempo frente a las exigencias de los compradores.